Que la justicia acelere los procesos e incaute las armas que puedan tener todos los imputados en causas de Derechos Humanos, fueron parte de las reacciones que generó en el Congreso el suicidio del general (r) Hernán Ramírez Rurange, quien esta semana habría sido condenado a por la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo.
El suicidio de Hernán Ramírez Rurange generó reacciones en el Congreso, particularmente entre los diputados que en sus historias personales fueron afectados por crímenes en la dictadura, entre ellos los diputados Tucapel Jiménez y Fidel Espinoza, cuyos padres fueron asesinados durante el régimen militar.
Al respecto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) recordó que Ramírez Rurange fue condenado en calidad de encubridor por el crimen de su padre, a una pena de 800 días de cárcel, pena por la cual nunca estuvo efectivamente encarcelado.
En ese sentido, Jiménez dijo que “no puedo celebrar la muerte de nadie, pero sí lamento que no haya cumplido la condena en la cárcel”.
El diputado Fidel Espinoza (PS) calificó como una cobardía el suicidio de Hernán Ramírez, al no aceptar el veredicto de la justicia por sus crímenes.
Sin embargo, el diputado Ignacio Urrutia (UDI) aseguró que muchos militares recibieron -a su juicio- penas injustas, que los llevaría a tomar el camino del suicidio, y no descartó que este tipo de situaciones puedan repetirse en otros casos.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) emplazó a los tribunales de justicia a incautar las armas que puedan poseer los procesados por causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos, para evitar situaciones como el suicidio de Hernán Ramírez, Odlanier Mena y otros 6 uniformados que se han quitado la vida.
