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Ministra Blanco asegura que busca acabar con beneficios a condenados por violaciones a DD.HH.

ARCHIVO | Francisco Flores | Agencia UNO
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La ministra de Justicia, Javiera Blanco, aseguró que el Ejecutivo está trabajando para terminar con los beneficios carcelarios para personas condenadas por crímenes contra los Derechos Humanos.

Dichas declaraciones las emitió tras la ceremonia inaugural del Seminario Internacional sobre Delitos Sexuales Infantiles “Sistema de Entrevistas Videograbadas: Menos Victimización y Mejor Evidencia”.

De esa actividad participaron el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Además, la secretaria de Estado calificó como una “situación lamentable” el suicidio del general en retiro del Ejército Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que se quitó la vida este jueves tras ser condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de cárcel, por su responsabilidad como autor en un delito de secuestro, y a 10 años y un día, por el delito de asociación ilícita, sin beneficios, en el caso por la muerte del químico Eugenio Berríos.

“Hemos señalado que se deben terminar los pactos de silencio y lo que corresponde es que establecida la verdad las personas enfrenten sus condenas y se cumplan las condenas. Obviamente este caso es una situación lamentable, pero como Gobierno vamos a seguir trabajando por el esclarecimiento de la verdad”, planteó la secretaria de Estado.

La ministra aseguró que seguirán avanzando “en legislaciones que van en la búsqueda, no sólo de dar justicia, sino que de establecer verdades y establecer la imprescriptibilidad de ser amnistiados delitos que hoy día son reconocidos en los tratados internacionales como delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y de genocidios”, afirmó.

Y agregó que están trabajando por la posibilidad cierta de que en este tipo de hechos, gravísimos atentados a los Derechos Humanos de las personas, sea imposible acceder a beneficios intra penitenciarios.

Respecto al dictamen de la Corte Suprema que decretó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones, ex carabinero condenado a presidio perpetuo por el homicidio de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, la ministra confirmó que el Ejecutivo presentará acciones para revertir esa decisión.

“Siempre hemos dicho que no vamos a comentar fallos, ustedes saben que el día de ayer en el caso de Sáez Mardones se confirmó la libertad condicional. Por cierto que no vamos a cambiar nuestra posición en cuanto a no interpretar fallos, pero también es cierto y les podemos decir que nosotros, a través del programa de Derechos Humanos, que va a pasar a ser parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vamos a presentar un recurso para efectos de poder alegar la falta de defensa, que nos parece que acoge un principio básico toda vez que no fue posible realizar los alegatos”, expuso la titular de Justicia.

Sobre el mantenimiento de Punta Peuco, como un recinto exclusivo para el cumplimiento de penas de ex uniformados condenados por violaciones de Derechos Humanos, la ministra Blanco destacó que es algo que está “en evaluación”.

“Este es un centro de cumplimento penitenciario, es una cárcel y como tal Gendarmería está siempre resguardando y reforzando las medidas de seguridad. También, como todo tipo de centro penitenciario estamos analizando las situaciones de capacidades máximas. Estamos ad portas de esa capacidad máxima y lo que corresponde es poder evaluar alternativas, estamos en eso”, acotó la autoridad.

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