Luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas emanadas por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, contra los involucrados en la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berrios, se encendieron las alarmas en la exclusiva cárcel de Punta Peuco, que actualmente está a punto de llegar al máximo de su capacidad.
Según Gendarmería, el penal dispuesto para los criminales de la dictadura tiene una capacidad para recibir a 112 personas, y actualmente cuenta con una población penal de 88 reclusos, lo que podría aumentar con el ingreso de los condenados por el asesinato de Berrios, llevado a cabo a principios de los 90′ en Uruguay con el fin de impedir que este declara por los crímenes cometidos en la DINA, según detalla La Tercera.
Se trata de el mayor (r) Arturo Silva Valdés, el general (r) Hernán Ramírez Rurange y el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, además de los militares uruguayos Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose, entre otros de una lista de 14 militares que cumplirán condenas que van entre los 10 y 20 años por asociación ilícita, secuestro y homicidio.
Todos ellos podrían llegar a Punta Peuco, en el caso de que sus respectivas defensas no apelen para sus traslados a otros centros penitenciarios.
En el caso de llegar al penal, se deberá realizar un estudio de densificación y una distribución de los espacios, según señaló Gendarmería al medio capitalino.
Este es un tema que ha girado en la esfera política durante los últimos días, en especial con la contingencia del Caso Quemados y la muerte de Manuel Contreras, factores que han elevado la discusión sobre el cierre de este penal para militares que cometieron crímenes contra los Derechos Humanos.
Por ahora la única información oficial por parte del Gobierno sobre un eventual cierre es que se mantiene “una evaluación constante” sobre estos temas, sin que haya una decisión concreta o una fecha pactada para terminar con esta cárcel exclusiva.
