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Gobierno autoriza intervención de Fuerzas Armadas para controlar violentas protestas mineras en Perú

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El gobierno peruano autorizó el miércoles la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía en el control de las protestas de los trabajadores mineros de Doe Run Perú, que dejaron un muerto y más de 60 heridos en el primer día de una huelga indefinida el martes.

La medida “busca evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico” en la ciudad minera de La Oroya, según una resolución suprema publicada en la gaceta oficial.

La resolución suprema señaló que hasta el 10 de septiembre las tropas “resguardarán locales públicos y brindarán una tarea de apoyo a la misión policial y no releva a ésta del orden interno (que) continúa a cargo de la Policía Nacional”. No obstante, se desconoce el número de efectivos desplegados.

En La Oroya centenares de operarios mineros han tomado desde el martes las calles y bloqueado la carretera a Lima, la capital peruana, exigiendo al gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que funciona de forma independiente de la estadounidense Doe Run Resources Corporation, opera en La Oroya (Junín), en los andes centrales, un complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha generado serios problemas de contaminación ambiental a la ciudad y sus habitantes.

La intervención militar se produce en forma paralela a una reunión en Lima, entre el alcalde de La Oroya y dirigentes mineros de Doe Run Perú con autoridades peruanas para buscar una solución a la huelga.

“Es todo o nada: si el complejo minero no funciona, la ciudad (de La Oroya) quedará como una ciudad fantasma”, dijo el dirigente Walter Quincho al canal N de noticias al describir la situación a la que se enfrentan en el caso de que la minera cierre.

El gobierno de Ollanta Humala, un ex comandante del ejército, ya ha recurrido al envío de tropas para ayudar a controlar protestas sociales tal como ocurrió a fines de mayo con un paro de 48 horas contra un proyecto minero del Grupo México en el sur de Perú.

La ciudad de La Oroya, de 30.000 habitantes, vive de la minería desde hace más de 100 años, y es considerada una de las urbes más contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal. Según el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, el 30% de la población de La Oroya trabaja en operaciones mineras.

En julio de 2012, un sector del complejo metalúrgico reinició sus operaciones y actualmente, Doe Run Perú avanza en un proceso de venta internacional de activos.

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