El vocero de la nueva agrupación de partidos de derecha, o de centro derecha como se autodesignan, Felipe Kast, ha insistido en afirmaciones tendientes a rescatar el valor de la diversidad de opiniones y a separarse de la gris uniformidad que ha caracterizado al bloque conservador, agrupado en la “Alianza”.
Sin embargo, en un tema en que el ejercicio de la libertad de conciencia resulta primordial, como es el caso del proyecto de interrupción del embarazo, en tres situaciones, en trámite en el Congreso Nacional, de inmediato brota la exigencia de una sola conducta y una sola manera de votar, que siempre ha sido la conducta del sector político de derecha.
En este ámbito, la intolerancia se protege en un argumento que parece incontrarrestable, imponer la posición oficial y la uniformidad se presenta como la defensa del “derecho a la vida”. La derecha lo hace con un especial ahínco, ya que esta demanda le permite anudar una alianza granítica con la expresión más contestataria e integrista del catolicismo, es decir, que jamás tendrán altura de miras ni comprensión hacia las ideas que aborden con otra mirada este tema tan esencial. Es una matriz ultramontana lo que distingue a la derecha.
Lo primero que todas las opiniones debiesen aceptar es el pluralismo y la diversidad, por tanto, que las fuerzas que apoyan la nueva ley defienden el derecho a la vida, que no hay partidos criminales o asesinos, que pretendan arrebatar su existencia a criaturas que, estando dentro del cuerpo de sus madres, no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Esa caricatura no sólo es errada, sino que además una repudiable distorsión de las ideas en debate.
De lo que se trata es impedir que el Estado imponga una conducta en situaciones tan límites y extremas, como cuando está en riesgo la vida de la madre, hay un embarazo con inviabilidad fetal o este se ha producido como resultado de una violación, antes de que pasen más de doce semanas desde que el feto existe.
Cuando la madre puede morir, no basta que esa situación este resuelta en los protocolos médicos, es la ley la que debe proteger al personal involucrado y normar los hechos que afecten a las personas y las familias.
Asimismo, en las circunstancias que el feto no pueda sobrevivir una vez nacido, no es razonable que el Estado imponga a la embarazada la prolongación del mismo si ella voluntariamente no lo decide.
En el dilema ético que se produce por un embarazo por violación, tampoco es válido que el Estado decida e imponga una determinada conducta.
Las personas que hagan suya la idea de Jaime Gúzman, en el sentido que el rol de la mujer es de una presencia exclusivamente reproductora, que “presta” su cuerpo a tal propósito, según palabras de una senadora de la UDI, están en su derecho constitucional de transmitir y convencer dicha creencia en la sociedad, pero no deben utilizar el Estado para imponer tales creencias en el país. En una sociedad democrática y laica esa función no le corresponde al Estado.
Esta evidente coincidencia conceptual, con la derecha extremista, ultramontana, la más dura que hemos conocido en Chile, me permite afirmar que, en estos dilemas, la derecha sigue siendo la misma.
Camilo Escalona Medina
Vicepresidente Nacional
Partido Socialista de Chile
