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Agrupación de DDHH pide a la PDI indagar fugas de ex agentes procesados por crímenes en dictadura

Archivo | Agencia UNO
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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos solicitó al director de la Policia de Investigaciones, Héctor Espinoza, investigar los casos de fuga de ex oficiales de la dictadura procesados por crímenes de lesa humanidad.

Hasta la fecha, tres personas han sido detenidas de las seis fugadas que van durante el año. Tal es el caso del subprefecto en retiro de la PDI y ex miembro de la DINA Daniel Cancino Varas, prófugo desde enero y condenado a 15 años de pena efectiva por el homicidio de Carlos Guerrero en diciembre de 1974, quien fue capturado este domingo y trasladado al Penal Punta Peuco.

También se considera el caso del ex agente de la DINA, el carabinero Ricardo Lawrence, quien está prófugo hace siete meses luego que se decretara una orden de arresto por los casos de tortura en la Villa Grimaldi, siendo buscado intensamente por la Brigada de la PDI.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, cree que podría existir una red de apoyo al interior de la institución por vínculos asociados a familiares en el caso de Cancino Varas, por lo que expresaron su preocupación sobre estos procedimientos.

El director general de la Policia de Investigaciones, Héctor Espinoza, expresó toda la disposición por parte de la institución para aclarar e indagar estos casos, y la captura en el más breve plazo de las personas que tienen ordenes de detención por violaciones a los derechos humanos, además de fortalecer la brigada.

En otras materias de derechos humanos, el presidente de la agrupación de ex presos políticos de Valparaíso, Héctor Cataldo, afirmó que el pacto de confidencialidad en el informe Valech es un forma de mantener la impunidad de los victimarios, un delito de “marca mayor” cometido por el ex presidente Ricardo Lagos.

La idea presentada por el ex secretario de la OEA y ex ministro de Estado, Jorge Insulza, sobre rebajar las penas de los militares a cambio de la verdad sobre los crímenes generó diversas críticas en las organizaciones de DDHH, calificando la propuesta como un hecho inaceptable y ofensivo para los familiares de las víctimas de la dictadura.

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