La senadora de Amplitud, Lily Peréz dijo que como colectividad consideran “que obviamente los militares que estuvieron involucrados en violaciones a los Derechos Humanos no pueden tener honores y el tema de la degradación es un tema que hay que revisar en profundidad”, acotó tras una cita de parlamentarios con Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del Caso Quemados.

“Efectivamente, estoy segura y estamos convencidos que las propias Fuerzas Armadas y de orden militares están absolutamente en desacuerdo con que haya militares que hayan cometido delitos, porque de eso estamos hablando, sean personas que conserven sus grados militares y honores”, sostuvo la legisladora.

La congresista indicó que “un país como el nuestro debe enfrentar sus miedos con fuerza y uno de los miedos que tenemos que enfrentar como país, yo estoy convencida, dice relación con el pasado que nos divide en materia de Derechos Humanos”, expresó la senadora de oposición.

Pérez se mostró a favor del levantamiento del secreto respecto a testimonios del informe Valech y se refirió a la solicitud de degradación de ex uniformados que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido aseguró que está convencida de que “las propias Fuerzas Armadas y de orden militar están absolutamente en desacuerdo con que existan militares que hayan cometido delitos, porque de eso estamos hablando, sean personas que conserven sus grados militares y honores”, afirmó la senadora.

“Para los militares que ya han sido condenados, sabiendo que es un tema muy complejo y que las leyes no tienen efecto retroactivo, creemos que sería muy reparatorio probablemente hacer una degradación”, agregó.

También dijo que no es un tema de derecha, ni izquierda, sino que involucra a todos los sectores políticos.

“Se debe hacer un diagnóstico común de una realidad que sucedió en Chile, el cuidado de los DDHH. y la cautela no es sólo patrimonio de un sector político, no solamente de la izquierda. Venimos de la centroderecha, somos oposición, pero creemos que no hay causa, ni contexto que justifique la violación de los derechos humanos en ninguna época, en ningún lugar del mundo y en ninguna dictadura”, aseguró Pérez.

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A su vez la parlamentaria de Amplitud señaló que tal como se hizo en la administración del ex presidente Sebastián Piñera con el cierre del penal cordillera, si el actual Gobierno considera necesario cerrar Penta Peuco, como colectividad política estarían de acuerdo, recalcó.

Sobre el levantamiento de la reserva de 50 años para los testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que encabezó monseñor Sergio Valech y cuyo primer informe fue presentado en noviembre de 2004, la senadora se mostró a favor de que suceda, eso sí resguardando la identidad de las víctimas que así lo requieran.