El Segundo Juzgado de Letras de San Antonio dio lugar a una demanda por vulneración de derechos presentada por un funcionario de la Gobernación de esta provincia en contra del Fisco, desestimando el alegato del Consejo de Defensa del Estado que solicitaba la incompetencia del tribunal.
De esta forma, se da curso legal a un proceso que vincula a la cuestionada gobernadora de San Antonio, a quien el demandante acusa de haber articulado un sumario interno en su contra con el fin de encubrir las denuncias por malos tratos que los funcionarios vienen denunciando desde marzo de este año.
A partir de ello es que el 2 de septiembre se realizará la audiencia de juicio en esta causa que presentó el funcionario y que denuncia vulneración de la integridad física-psíquica, de la honra y la intimidad, y de la libertad de trabajo.
En ella, Gabriel Peña, trabajador demandante, acusa que se le cursó un sumario administrativo en represalia por ser parte de las denuncias por malos tratos que realizó la Asociación de Funcionarios de la repartición pública. Según Peña el sumario se inventó para encubrir estos hechos.
En el documento se consigna que el inicio del sumario administrativo en contra del funcionario comenzó tras una serie de irregularidades denunciadas por un dirigente de una asociación de discapacitados de San Antonio.
El mismo dirigente, según afirma Peña, días mas tarde llegó a la Oficina de Finanzas de la Gobernación preguntando cómo podía hacer efectivo un financiamiento directo que le había ofrecido la propia gobernadora Graciela Salazar.
Consultado por estos hechos, el intendente regional, Ricardo Bravo, señaló que todo comenzó por una filtración de un sumario, tema que está siendo analizado con suma detención, dijo.
Es precisamente el sumario de Gabriel Peña al que hace mención el intendente.
El mismo funcionario lo consigna en la demanda, al señalar que solo se entera del proceso en su contra horas antes que su caso fuera expuesto por un canal de televisión local, en un programa que además, agregó Peña, era pre- grabado. Por ello denunció denostación públic, por las declaraciones emitidas por un concejal de la comuna.
Desde la ANEF reiteraron su apoyo a los funcionarios de la Gobernación de San Antonio, indicando además que habrían otros sumarios al interior de esta repartición, según contó a Radio Bío Bío José Miguel Leiva, secretario del directorio regional de la asociación.
Ante los requerimientos La Radio, la gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar, respondió mediante un comunicado: “Estimo que este no es el momento apropiado para referirse a un proceso que aún se encuentra en curso.
Debo señalar además que esta Gobernación carece de personalidad jurídica, lo que reafirma aún más lo señalado”.
