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Ministro de Defensa dio 30 días a las FFAA para que entreguen datos sobre violación a los DDHH

Pablo Vera | Agencia UNO
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La búsqueda de justicia en el caso Quemados continúa y se espera que los nuevos antecedentes permitan dar con las responsabilidades del crimen contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

En ese contexto, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, expresó tras una reunión con Quintana que “el Ejército va a colaborar con toda la información que sea necesaria, no sólo en este caso, en todos aquellos casos en que exista violación de Derechos Humanos, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas”.

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Además, el secretario de Estado dijo que “la información que se ha entregado está hoy día en el Poder Judicial. Yo he tenido conversaciones directas, con en este caso, el ministro Carroza por si se requieren más informaciones y las vamos a entregar. El Ejército no va a negar información alguna, no por una petición, es disposición del Gobierno, a través del Ministerio de Defensa de que así se haga”.

Respecto de los pactos de silencio dentro de las Fuerzas Armadas, Gómez manifestó que “es una situación que se vivió durante un periodo de dictadura, durante el desarrollo de un Estado de Chile en el que los derechos humanos, las libertades no existían. Por lo tanto cuando hay pacto de silencio es un pacto de silencio entre criminales, que cometieron horrorosos delitos. Esos criminales hoy día no están al interior del Ejército”.

Goméz indicó que tras una reunión con el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, le dio un plazo de 30 días a las Fuerzas Armadas para que recopilen y entreguen información sobre violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura y si aún hay funcionarios procesados o condenados por esta materia.

“Le hemos solicitado a las instituciones que nos envíen toda la información de las personas que están contratadas extra institucionalmente para cruzar la información y ver si existe algún antecedente que sea necesario tomar decisiones ahora”, detalló Gómez, agregando que “hemos pedido que se entregue un informe con todas las personas contratadas a honorarios o a contrata, procesada o condenadas, en un plazo de 20 a 30 días”, concluyó.

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