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Gobierno confirma que Manuel Contreras no está habilitado para recibir honores fúnebres del Ejército

Carlos Quezada | Agencia UNO
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El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó de plano que se efectúen homenajes a Manuel Contreras bajo la eventualidad de que fallezca, debido a se encuentra en una crítica condición de salud e internado desde el martes en el Hospital Militar.

El emplazamiento lo realizó el diputado Jorge Ulloa, quien aseguró que el ex jefe de la DINA sí merecería recibir honores fúnebres del Ejercito. Lo anterior, pese a que un decreto enviado por el Ministerio de Defensa en 2009 modificaba el Reglamento de Servicio de Guarnición y excluye de los honores a los condenados por pena aflictiva.

“Es un reglamento [...] que establece claramente a quién le corresponde y a quién no honores en caso de fallecimiento, y claramente ese reglamento establece que no corresponde respecto a aquel individuo que ha sido condenado por delitos que merezcan pena aflictiva. Sin duda, el Gobierno va a aplicar y va a cumplir como corresponde con esas leyes y esos reglamentos”, dijo Díaz.

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo buscará la fórmula para poder levantar el secreto de 50 años que pesa sobre la información y los testimonios recogidos por la denominada Comisión Valech, para la redacción del documento que detalla los hechos de tortura y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.

Esto, luego de las declaraciones de la ex ministra de Defensa Vivian Blanlot, quien señaló que al interior de las Fuerzas Armadas aún cuentan con documentación que permitiría esclarecer episodios del gobierno de facto.

Eso sí, el vocero aclaró que, por respeto, buscarán la aprobación de las personas que entregaron su testimonio ante la comisión para esta diligencia en vez de optar por un mecanismo unilateral.

“Así como consultamos para expresar su voluntad de entregar los testimonios ante la comisión Valech, para liberar, además del procedimiento legal, de esa obligación de secreto que pesa sobre el Estado de Chile, tenemos que consultar con ellos porque aquí lo que se trata es de mantener el respeto a la dignidad de las víctimas de estos horrorosos casos de violaciones de derechos humanos”, afirmó.

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Sin embargo, el mismo Gobierno ha defendido en dos oportunidades el carácter confidencial del informe; en noviembre de 2014 y en mayo de este año, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibió el requerimiento de dos oficiales en retiro de la FACh, ex compañeros de armas del fallecido general Alberto Bachelet y que fueron condenados durante el gobierno militar como traidores.

Ambos militares apuntaban a la relevancia del informe para su requerimiento, y la defensa del Gobierno, según Díaz, apuntó a que era obligación del Ejecutivo resguardar el texto.

“Si uno quiere liberar esa información y decir ‘tal o cual persona padeció este y otro tipo de tortura‘, tiene que hacerlo con su consentimiento. Nos parece que es el respeto más esencial que tenemos que tener con la dignidad de esas víctimas que tuvieron la disposición de concurrir a entregar su testimonio a la comisión Valech”, dijo.

Al respecto, no estimó apropiado que se otorguen beneficios especiales a quienes accedan a liberar información sobre hechos ocurridos en dictadura.

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