La justicia brasileña aceptó este miércoles la denuncia por corrupción, lavado de dinero y organización criminal contra el presidente de la constructora Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo, derivada de su implicación en el multimillonario fraude en la estatal Petrobras.

El juez Sergio Moro, responsable del caso en el estado de Paraná (sur), emitió su decisión un día después de aceptar la acusación contra el jefe del gigante Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por los mismos cargos.

Los presidentes de dos de las constructoras más importantes de Brasil están detenidos desde junio en Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada ligadas a la confabulación.

La fiscalía había acusado el viernes a 22 personas, entre ellas a Odebrecht y Azevedo, en el marco del megaescándalo de corrupción económico y político destapado en 2014, que se estima podría haberle costado 2.000 millones de dólares a Petrobras.

Para Moro, la denuncia contra Azevedo tiene las bases necesarias para ser aceptada.

“Además de las declaraciones de los colaboradores, la documentación que indica la existencia del cártel y de los ajustes de licitación, la prueba documental del flujo financiero entre Andrade Gutierrez y los operadores Fernando Soares y Mario Goes (…) confieren sustento a la denuncia”, afirma el escrito del juez.

De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1 y 3%, según los textos del juez.

Andrade Gutierrez es una firma de infraestructura y logística que opera en 40 países y trabaja en el parque olímpico de los juegos de Rio de Janeiro 2016, al que se refiere en su página de Internet como “la principal obra de los juegos”.

Junto a Azevedo, fueron aceptadas este miércoles las denuncias contra 12 personas más, incluidos ejecutivos de su constructora. 

Por este caso, enquistado en el corazón de la empresa que hasta hace poco era el orgullo de Brasil, la justicia también investiga a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones.

Las ramificaciones políticas del “Petrolao” mantienen en vilo al país y le están cobrando un peaje muy elevado a la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, que se desplomó a apenas un 7,7%.