Este martes el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer la sentencia absolutoria en contra de los 10 ejecutivos farmacéuticos acusados por la Fiscalía Centro Norte de adulteración fraudulenta del precio de medicamentos.
A partir de hoy, y con la sentencia en sus manos, el organismo persecutor cuenta con 10 días para iniciar un estudio de razonamiento de los magistrados y recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones para la realización de un segundo juicio.
El 23 de junio pasado, en votación dividida, el tribunal absolvió a los ejecutivos farmacéuticos acusados por la Fiscalía de alteración fraudulenta del precio de medicamentos.
Con el estudio de razonamiento, el Ministerio Público apuntará a encontrar debilidades en el fallo que permitan anular el juicio e iniciar otro por adulteración fraudulenta de precios.
El voto disidente del juez José Flores, que estaba por condenar ya que daba por acreditados los hechos en materia de la acusación fiscal, puede constituirse como uno de los principales argumentos para el persecutor Jaime Retamal, quien decidirá si recurre al tribunal de alzada capitalino para un nuevo juicio.
“El magistrado, básicamente, lo que sostiene al menos en el veredicto es que todo acuerdo anticompetitivo entre competidores, como los acuerdos de precios, per se constituyen un injusto y, por ello, constituyen una maquinación fraudulenta [...] Eso nos habilita para recurrir a la Ilustrísima Corte para que la Corte determine si el fallo queda a firme o si el fallo se anula“, afirmó Retamal.
La jueza María Inés Collin y Laura Assef determinaron la determinación absolutoria porque la coordinación usada por las farmacias para alterar los precios de los medicamentos no está sancionada penalmente, y no se demostró que la conducta afectara el equilibrio de precios de largo plazo.
El debate se centró en la aplicabilidad del artículo 285 del Código Penal, que contempla el concepto de adulteración del precio natural de mercancías, dejando abierta la discusión respecto a su aplicabilidad y, sobre todo, su interpretación.
Sobre este tema, el abogado del ejecutivo de Cruz Verde Cristián Catalán advirtió que incluso en otro juicio surgiría nuevamente esta misma debilidad legal
“La mayoría de los juristas, de los profesores destacados de Derecho Penal de este país, todos -salvo uno- sostienen que no es delito. De manera que esa situación no va a cambiar, aún cuando se anulara y hubiese un segundo juicio, porque es la misma ley”, aseguró.
En caso que se anule el juicio se deberá realizar uno nuevo, lo que la justicia permite solo hasta en tres oportunidades.
