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Estadio Seguro, una oficina de papel que desperdició 5 años de lucha contra la violencia

Juan Guerrero | Agencia Uno
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Fue el 30 de abril de 2011, en medio del gobierno de Sebastián Piñera, que se creó el plan Estadio Seguro, cuya promesa según su sitio web era “recuperar los estadios como lugar de sana recreación y esparcimiento para las familias y los verdaderos hinchas del fútbol”.

Han pasado 5 años desde la implementación de esta idea, que fue una de las pocas cosas que la administración de Michelle Bachelet decidió mantener de su antecesor, y ha dejado varios aportes en el camino. El más reconocido es la nueva Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional, además de la intensificación de los controles de identidad al ingreso a los estadios y la desaparición de los bombos de las barras bravas. Pero de la recuperación de los estadios para los verdaderos hinchas del fútbol todavía nada.

Si la premisa principal de este plan no se ha cumplido, ¿cómo es que la autoridad aún no reconoce que otra vez se fracasó en el control de la violencia en los recintos deportivos? Sin ir más lejos, los únicos que desaparecieron de los estadios fueron el bombo y algunos mal llamados hinchas que realizaron desórdenes en el pasado y ahora se les prohíbe su ingreso. Pero las bengalas y las bombas de ruido siguen ingresando como Pedro por su casa, y para qué decir los lienzos.

¿Cuáles son las funciones de Estadio Seguro? El artículo décimo sexto de la resolución exenta número 1.215 que establece las atribuciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la que depende el plan, dice que sus obligaciones son tres: supervisar las medidas de seguridad en espectáculos de fútbol profesional; registrar y hacer seguimiento de causas relacionadas con faltas o delitos de acuerdo a la ley de violencia en los estadios; y evaluar al plan levantando información para generar estadísticas.

Si consideramos que en la Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional se establece que el organizador del evento es el responsable de la seguridad al interior de los estadios, Estadio Seguro pasa tranquilamente como una oficina gubernamental de papel para hacer creer que algo se está haciendo con respecto a la violencia. La aprobación de una nueva legislación la celebro, pero si no se trabaja el fondo del problema es letra muerta. Sólo supervisar y decir “la seguridad es responsabilidad de los clubes” cada vez que pasa algo es dar luz verde a que la violencia siga.

El Estado debe entrar de lleno en la lucha contra este flagelo, porque se trata de un problema social. Hay que educar a los hinchas de hoy y a los hinchas del mañana, lo que no se logra contratando 300 guardias privados. El desafío es lindo, señor José Roa, y podría justificar de mejor forma los más de $6 millones brutos al mes que gana al mando de Estadio Seguro, proponiendo medidas que vayan a solucionar la enfermedad y no a aliviar sólo los síntomas.

Mi sueño es ir a los estadios llenos de familias, donde nadie se reste por miedo, con la gente alentando y cantando, pero respetando a todos los asistentes, los que ojalá encuentren locomoción después de los encuentros ya que habrá micros disponibles. Así era cuando me enamoré del fútbol, cuando mi abuelo me llevaba a Collao a ver al almirante Arturo Fernández Vial.

Estoy seguro que es un sueño de los que verdaderamente aman el fútbol y que quieren que Estadio Seguro sea una realidad y no sólo un nombre que hoy por hoy es una fantasía.

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