Los hijos de las víctimas del Caso Degollados recurrirán a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante fallo que concedió la libertad condicional a dos de los condenados por los crímenes.
Se trata del fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de protección a favor del ex miembro de la Dicomcar Alejandro Sáez Mardones.
El ex uniformado cumple 20 años de pena a presidio perpetuo por su responsabilidad en los crímenes de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, ocurrido a fines de la dictadura de Augusto Pinochet.
La comisión de jueces de libertades condicionales había negado el beneficio para Sáez Mardones, sin embargo el tribunal de alzada concluyó que la negativa vulneró su derecho de igualdad ante la ley.
El ex uniformado, que perteneció al Comando Conjunto en los ’70, enfrentando condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, según su último informe psicológico se concluye que “no tiene noción del daño causado”.
En conversación con Radio Bío Bío, Manuel Guerrerro Antequera anunció que apelarán a la Corte Suprema y si se registra un nuevo fallo adverso, presentarán una denuncia contra el Estado chileno en la Corte Intermaricana de Derechos Humanos.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados degollados y con signos de tortura el 30 de marzo de 1985 en el camino a Quilicura, frente al fundo El Retiro.
Nattino fue abordado por personal de la Dicomcar el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano, en la avenida Los Leones.
En el beneficio de libertad condicional también se incluyó al suboficial en retiro del Ejército, Miguel Pablo Muñoz Uribe, quien fue condenado por tres homicidios calificados en 1973 en Porvenir, región de Magallanes.
