Querellantes en el caso Penta-Soquimich solicitarán un nuevo interrogatorio para el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, luego de la revelación de la declaración del ex director de Impuestos Internos, Michel Jorriatt, que lo acusa de ejercer presiones.

Nueve horas declaró en calidad de imputado el ex funcionario público el pasado 25 de junio, diligencia en donde reiteró sus dichos respecto a las presiones que habrían ejercido desde La Moneda para detener la investigación de aportes irregulares a políticos desde Soquimich.

En dicha declaración, publicada este miércoles por The Clinic, Jorrat apunta a la jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, quien ejerció como una especie de “vocera” del entonces titular del Interior Rodrigo Peñailillo.

Entre las frases que destacaron, se cuenta la petición del ex secretario de Estado para que Jorratt no continuara adelante con la investigación y que “si fuera necesario, concurriera con camiones a Soquimich para llevarse la información contable para evitar que llegara a la Fiscalía”.

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Altas fuentes de la investigación que encabeza el fiscal Nacional Sabas Chahuán, indicaron a Radio Bío Bío que la declaración de Jorratt prácticamente obliga a interrogar nuevamente a Rodrigo Peñailillo, como también citar a la asesora de Alberto Arenas, Andrea Palma.

No obstante, la fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa, ya adelantó que solicitará esta diligencia. Recordemos que en su oportunidad el fiscal Chahuán se había negado a entrevistarse con el ex ministro del Interior, a petición de la misma fundación.

El abogado de esta institución, Mauricio Daza, advirtió que se configura el delito de obstrucción a la investigación, cuyas eventuales penas van de 3 a 5 años de prohibición de ejercer cargos públicos para los condenados.

“Nosotros vamos a insistir con la diligencia para que comparezca el señor Peñailillo, en un contexto en el cual Jorratt ha dado cuenta de que Peñailillo lo habría presionado con la finalidad de que no tuvieran acceso el Ministerio Público”, estimó.

“Nosotros consideramos que los antecedentes de los cuales ha dado cuenta Jorratt, dan pie para una imputación por obstrucción a una investigación penal, cosa que finalmente debe ser indagada y establecida”, sentenció el jurista.

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Fuentes de Radio Bío Bío aseguran que esta situación encaja completamente con el delito de obstrucción a una investigación. Incluso, en su calidad de funcionario público, Michel Jorratt estaba en la obligación por ley de haber denunciado ante la justicia las presiones en las 24 horas siguientes.