Por 35 votos a favor, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto refundido de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
El texto legal nació de un mensaje y de una moción parlamentaria que tienen por objeto garantizar la exigencia de altos niveles de transparencia y responsabilidad en la actividad política, de forma que aquellos que hayan accedido a su cargo mediante prácticas ilegales y delictivas en el financiamiento de sus campañas, deban cesar en el ejercicio de su cargo y no puedan ejercer funciones de representación.
Eso sí, los legisladores manifestaron que se requiere perfeccionar el texto legal y aunar criterios, por lo que adelantaron que presentarán una serie de indicaciones para “afinar” el proyecto.
Durante la discusión, uno de los imputados por el denominado caso Penta, el senador Iván Moreira (UDI), afirmó que “es de suma urgencia aprobar la iniciativa, en donde se establecen una serie de sanciones y en consideración a la crisis por la que está pasando nuestro país es un deber ético poner nuestros esfuerzos para esto y recuperar las confianzas entre las autoridades y la ciudadanía (…). Claro que si es para cargos por elección popular también debería considerarse a la presidencia, para que no existan distinciones”.
Ese último punto fue también mencionado por el senador de RN, Manuel José Ossandón, quien adelantó la presentación de una indicación “para que se incluya al Presidente de la República en esta norma (…). Hay hechos que no son delitos, pero son políticamente incorrectos y queremos que existan otras medidas y no solamente las ya mencionadas”.
