Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron este miércoles el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas plenas y la próxima reapertura de sus embajadas, los primeros pasos en un complejo proceso de normalización que deberá aún negociar enormes obstáculos.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas permitiría un nivel elevado de diálogo para remover los temas pendientes, en especial el fin del embargo económico y financiero a la isla, y la solución a los reclamos por propiedades expropiadas en territorio cubano.
El embargo económico y financiero a Cuba se apoya en un enorme enmarañado legal codificado en ley, de forma que solamente el Congreso tiene en sus manos la llave para iniciar su desmonte.
Con sus 40 páginas de extensión, la llamada “ley LIBERTAD”, conocida simplemente como Helms-Burton, es la compilación de todas las sanciones vigentes hacia Cuba.
Esa ley determina las restricciones al comercio y los viajes, el veto de Washington a la participación de Cuba en organismos multilaterales y sanciones a empresas estadounidenses o de terceros países que inviertan en Cuba, entre numerosos otros dispositivos.
El 17 de diciembre pasado, al anunciar el inicio de las negociaciones con Cuba sobre relaciones diplomáticas, el presidente Barack Obama expresó claramente que deseaba el fin del embargo, al que calificó como una política “que no dio resultados”.
Sin embargo, con las dos cámaras del Congreso controladas por el opositor partido Republicano, Obama no ha sido capaz de hacer aprobar una amplia reforma del sistema migratorio, un escenario que abre dudas sobre su capacidad de convencer al Capitolio de la conveniencia de remover el embargo a Cuba.
El otro expediente que resta pendiente será la negociación bilateral por el enorme número de reclamos legales en Estados Unidos por propiedades expropiadas por el gobierno cubano en la década de 1960.
En la actualidad existen 5.911 reclamos abiertos en Estados Unidos, por parte de empresas y ciudadanos tanto cubanos como estadounidenses, por propiedades expropiadas en Cuba, concesiones y bienes perdidos, que de acuerdo a cálculos suman en la actualidad entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.
De ese volumen total de compensaciones, aproximadamente el 90% corresponde a empresas cuyas instalaciones y operaciones fueron nacionalizadas luego de 1959, como la Cuban Electric Company, ITT, North Sugar Company, Standard Oil y Texaco, entre otras.
De su lado, Cuba aprobó la ley 80/1996 donde admite de forma explícita la necesidad de hallar una solución negociada a esos reclamos por propiedades expropiadas.
Esa ley, no obstante, condiciona un eventual acuerdo a una negociación paralela por los daños provocados en Cuba por el embargo estadounidense de medio siglo. Autoridades cubanas han estimado esos daños en 100.000 millones de dólares.
Finalmente, resta también la situación de la base naval que Estados Unidos mantiene desde 1903 en el municipio de Caimanera, en Guantánamo, Cuba.
El gobierno estadounidense estudia formas de cerrar un centro de detención que opera en la base, pero por el momento no considera negociar la devolución del espacio a Cuba.
