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Argentina ordena embargos contra petroleras extranjeras que operan en Malvinas

Islas Malvinas | Daniel García | AFP
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La justicia argentina ordenó embargos por 156,4 millones de dólares y secuestro de activos contra empresas petroleras extranjeras que operan en aguas de las Islas Malvinas, archipiélago austral cuya soberanía se disputa con el Reino Unido, informó este sábado el Ministerio Público Fiscal.

La medida contempla el secuestro y embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias para afrontar las multas previstas en la legislación argentina “dado que no cuentan con la autorización, concesión o permiso alguno” de Argentina para operar, según la resolución de la jueza federal de Río Grande, en la Tierra del Fuego, Lilian Herraez.

La magistrada también les ordenó el inmediato cese de actividades en el marco de una denuncia penal que presentó por el gobierno argentino el pasado 21 de abril.

Las empresas involucradas son las británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil and Gas Limited y las estadounidenses Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

A éstas se les imputan “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”, en la plataforma continental que Argentina considera suya, según divulgó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web.

Buenos Aires mantiene con Londres un conflicto territorial desde 1833, cuando tropas británicas se apoderaron del archipiélago austral y expulsaron a los pobladores argentinos para instalar una colonia.

Las islas Malvinas, ubicadas a 500 km de las costas argentinas y a 12.700 kilómetros de Londres, siguen reivindicadas por Argentina, más de 30 años después de una corta pero cruenta guerra entre ambos países que ganaron los británicos.

Desde entonces Argentina reclama sin resultado por vía diplomática abrir negociaciones con el Reino Unido a fin de recuperar la soberanía de las islas, apoyada por resoluciones internacionales.

La magistrada Herraez ordenó “el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas”.

La justicia solicitó el embargo de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible, un dique flotante y cuentas bancarias de las empresas imputadas.

La magistrada pidió a la Cancillería que notificara del embargo a la justicia de los países donde se encuentren radicados los activos involucrados.

En 2012, la Secretaría de Energía argentina había declarado ilegales las actividades en la plataforma continental argentina y había informado a las compañías involucradas en la denuncia.

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