La Contraloría General de la República, detectó irregularidades por cerca de $60 millones en entrega de bonos post terremotos en Iquique.

Debido a esta situación, el organismo ordenó sumarios al interior del Gobierno Regional de Tarapacá, luego que una investigación detectara la entrega de bonos por más de 59 millones de pesos, a personas que no cumplieron con los requisitos exigidos por ser damnificados por los terremotos del año pasado.

De acuerdo al informe, la Intendencia de la región entregó 225 bonos de 200 mil pesos a trabajadores de taxis básicos a quienes no les correspondía el beneficio.

El listado final totalizó 442 taxistas, a quienes se les entregó más de 88 millones de pesos en lo que entonces se conoció como “Bono Taxi”. De ese monto, $35 millones correspondieron a los montos cuestionados.

Otro de los sumarios es por la entrega de bonos a los pescadores artesanales, que se destinaron a 59 personas por montos 200 mil pesos.

Según lo corroborado por la Contraloría, no habían tenido actividad pesquera en los últimos 12 meses previos a la catástrofe. En este ítem se entregaron cerca de 12 millones de pesos.

Además el informe da cuenta que los pescadores tampoco habían sido “afectados por la destrucción o daño de la respectiva embarcación”, “condición necesaria para acreditar que se encontraban en necesidad básica para ser merecedores del referido bono”.

La investigación determinó el desarrollo de un sumario a las autoridades, involucradas en la entrega de 27 bonos de $100.000 a trabajadores portuarios de Iquique, quienes nunca acreditaron su condición de damnificados mediante la Encuesta Única Familiar de Emergencia (EFU).

En este caso, al igual que en los anteriores, la Intendencia Regional de Tarapacá deslindó responsabilidades en el Seremi del Trabajo, Jaime Hip, por la elaboración de la lista de trabajadores portuarios y por la falta de sus fichas.