La formalización de cuatro militantes de la UDI por el Caso Penta, entre ellos dos parlamentarios, ha dejado en evidencia la diferencia que existe entre los legisladores y la gente “común” frente a un tribunal.
El hecho es claro, los congresistas Iván Moreira y Felipe de Mussy se fueron sin medidas cautelares, ya que que debido a su condición de parlamentarios protegidos por un fuero, no le permite al tribunal aplicar esta sanción.
Para el ex defensor nacional Georgi Shubert, hoy representante de Alberto Cardemil, ex diputado gremialista y también procesado, esta “diferencia” es un derecho constitucional y necesaria, pero que debe ser revisada para generar una sociedad mas igualitaria.
Sin embargo, señaló que para acusar a un parlamentario, el Ministerio Público debe solicitar un desafuero, situación que a su juicio, en este caso particular es muy posible que suceda.
Manuel Monsalve, diputado y jefe de la Bancada Socialista, señaló que no corresponde que se utilice el fuero para proteger a los parlamentarios frente a este tipo de delitos, sin embargo, si debería existir para resguardar a los congresistas cuando cumplen su rol fiscalizador.
Diferencia de opinión sustancial con el senador por la UDI Víctor Pérez quien consideró que el problema no es el fuero, sino que la discriminación que ejerce el Ministerio Público con los representantes de la Alianza. Ya que a su juicio, aquí hay “muchos que mienten, y no les pasa nada”.
Indicó que el fuero es necesario y positivo para el sistema político.
Agregó que en este caso particular las medidas cautelares no son necesarias e incluso exageradas, e insiste en que la discriminación emana de la propia Fiscalía.
En rigor, la diferencia es manifiesta ante la justicia, ya que pese a que ninguno ha sido condenado, deja la sensación de inmunidad, y sobre todo de que en Chile al parecer “no todos somos iguales ante la ley”.
