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Gobierno reitera disposición a corregir proyecto de reforma laboral en el Senado

ARCHIVO | Pedro Cerda | Agencia UNO
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El Gobierno reiteró su disposición a corregir el proyecto de ley de reforma laboral, durante su discusión en el Senado.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aclaró que el debate del proyecto de ley de reforma laboral no culmina con su aprobación en la Cámara de Diputados y que, durante su discusión en el Senado, el Gobierno escuchará a todos los actores y podría, eventualmente, incorporar propuestas.

Por el momento, el Ejecutivo sólo piensa en restituir la prohibición para que trabajadores de empresas estratégicas adhieran a la huelga, artículo que fue rechazado por los diputados.

El ministro Valdés pidió calma y sostuvo que el proceso de debate de la reforma laboral continúa.

Uno de los principales detractores de las reformas del Gobierno, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó como “preocupante” el texto laboral que aprobó la Cámara de Diputados y que comenzará a ser revisado, a contar de la primera semana de julio, por el Senado.

Pese a que el proyecto consagra la sindicalización voluntaria y se pone al día con la legislación internacional, al eliminar el reemplazo en huelga, para el ex ministro Larraín, ambos elementos serían perjudiciales para la economía y podrían restar, en el corto plazo, casi medio punto del Producto Interno Bruto.

Larraín aseguró que el Gobierno está capturado por grupos de interés y que la reforma laboral sólo ha considerado los planteamientos de la Central Unitaria de Trabajadores.

Actores del mundo sindical, por su parte, como la CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre y otros sindicatos y federaciones de distintos sectores estratégicos de la economía preparan una serie de movilizaciones, para presionar al Gobierno a modificar la reforma laboral.

Las agrupaciones sindicales aspiran a que el Ejecutivo, con la anuencia del Congreso, extienda la negociación más allá de la empresa, elimine los pactos de adaptabilidad, incluya el piso con reajuste por IPC y acote el funcionamiento de servicios mínimos, entre otras demandas.

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