Asegurando que utilizaron una bomba de napal casera, el Ministerio Público formalizó esta jornada a los dos menores de edad detenidos y sindicados como los presuntos autores de lanzar dos artefactos incendiarios a las dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno.

Pese a las intenciones de la Fiscalía, los imputados quedaron con arresto domiciliario parcial, entre otras medidas cautelares, pues el tribunal no acogió la versión por falta de pruebas.

La audiencia de formalización se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía de Osorno, donde la fiscal jefe María Angélica de Miguel expuso las evidencias obtenidas por personal de Carabineros, con los que pretende acreditar la participación de los jóvenes, identificados con las iniciales B.A.A. y M.L.P, ambos de quince años y estudiantes de 6o y 8o básico, respectivamente.

En primer término se expuso que los adolescentes fueron detenidos luego de visitar diversos establecimientos educacionales, donde se presentaron fotografías captadas desde cámaras de seguridad, siendo reconocido uno de ellos en la Escuela de Arte y Cultura, mientras que el segundo fue vinculado al caso por su grado de amistad.

Sin embargo, la principal prueba del Ministerio Público está en las cámaras de seguridad de la Escuela Efraín Campana Silva, las que captaron el momento exacto en que individuos con vestimentas similares a las encontradas en dependencias de los imputados, lanzaron los artefactos incendiarios, pero también los previos y pasados, cuando huyeron por calle Bilbao.

Según María Angélica de Miguel se pudo establecer de hecho que ambos imputados se habría reunido en la Plazuela Yungay para posteriormente comprar combustible y llegar hasta las dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros.

De acuerdo al relato policial, además se cuenta un control policial realizado días posteriores al delito a uno de los imputados, donde éste habría insultado a los Carabineros, haciendo además referencia al día en que fueron lanzados los artefactos explosivos.

Sin embargo, el defensor de menores de la provincia de Osorno, Rigoberto Martin Andrade, restó importancia a dicha prueba y alegó la inocencia de sus representados, argumentando que la Fiscalía los vincula sólo por la vestimenta, no teniendo otro tipo de evidencia más cercana.

Cabe destacar que la Fiscalía vinculó la marca de cerveza de la botella utilizada para fabricar el artefacto incendiario, Belga, la cual se vendería en una reducida cantidad de locales, uno de ellos donde trabaja el padre de uno de los imputados, hallándose en el domicilio gran cantidad de recipientes similares, además de corchos y lienzos.

Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por la discusión sobre el tipo de artefacto lanzado en el frontis de la primera Comisaría de Carabineros. Si bien todo hace pensar que se trata de una bomba molotov, para el Ministerio Público no lo es, pues en las diligencias y análisis del Labocar se encontraron restos de sustancias químicas reconocidas en las bombas de napalm casero, esto es combustible y detergentes, según explicó la fiscal De Miguel.

Una tesis que pese a lo manifestado por la fiscal no fue asegurada con pruebas, por lo que fue totalmente desestimada por la defensa y también por el tribunal. Según el defensor Rigoberto Martín Andrade se trata sólo de argumentos del Ministerio Público para agravar las acusaciones a sus representados.

La tesis de la bomba de Napalm fue para la Fiscalía la forma de demostrar que los acusados cometieron un delito con pena de crimen y que por lo mismo se requería su internación provisoria en un centro del Sename.

Sin embargo, el magistrado no dio lugar a tal suposición, ni menos que se tratara de una bomba distinta a la molotov, por lo que de acuerdo a derecho, el delito sindicado, colocación de artefacto explosivo, sólo tiene una pena menor en su grado máximo de 541 días a 3 años, quedando por tanto ambos jóvenes acusados con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial entre las 20 horas y las 8 de la mañana.

Se suma a ello, la firma quincenal en Fiscalía y su inclusión en el programa de vigilancia de la entidad, además del arraigo nacional y la prohibición de acercarse a alguna entidad policial.

Cabe precisar que uno de los jóvenes fue imputado por la ley 20 mil al encontrarse en su domicilio durante las indagatorias, una planta de marihuana de 65 centímetros en su respectivo macetero.