En riesgo está una inversión de 11 millones de pesos realizada por el Poder Judicial para habilitar un gimnasio en la Corte de Apelaciones de Concepción. A seis meses de su inauguración las instalaciones no funcionan y las máquinas de ejercicios comienzan a deteriorarse.
El problema radica en que al lanzar el proyecto el año pasado, durante la presidencia del ministro Jaime Solís, no se consideró la necesidad de fondos para contratar un monitor y un kinesiólogo que supervisen los ejercicios que puedan realizar jueces y empleados de los tribunales.
De allí, entonces, explicó el ministro Renato Campos, como cabeza de la Unidad de Bienestar de la Corte de Apelaciones de Concepción, la imposibilidad de que -a seis meses de ser inaugurado- el gimnasio aún no pueda abrir sus puertas.
La situación es preocupante, reconoció el magistrado, porque se corre el peligro que cuando se consigan los recursos para la contratación de los encargados del gimnasio, las máquinas de ejercicios estén dañadas.
El Pleno de la Corte penquista analizó el problema esta semana y resolvió informar a la Corte Suprema, de manera que pueda darse una solución al más breve plazo y evitar así un fracaso del proyecto ya replicado en el tribunal de alzada de Valparaíso.
