En la etapa de descargos a la acusación se encuentra la causa por el asesinato de Fernando Álvarez, el último intendente de la Unidad Popular en Concepción, y en la cual dos ex uniformados del Ejército y de Carabineros enfrentan condena por torturas con resultado de muerte.
En enero pasado fueron formulados los cargos contra el militar en retiro José Puga y el ex policía Sergio Arévalo, según resolución del entonces ministro en visita subrogante, Manuel Muñoz, quien respaldó la investigación realizada por el titular de los procesos por violación de derechos humanos, Carlos Aldana.
Los ex uniformados enfrentan penas de entre 3 y 5 años de cárcel en caso de confirmarse su responsabilidad en el crimen de la máxima autoridad local, hecho ocurrido en la 1ª Comisaría de Carabineros penquista tras su detención en los días posteriores al golpe militar en 1973.
Junto con pronunciarse sobre la culpabilidad de Puga y Arévalo, el ministro Aldana también deberá emitir un dictamen en la arista civil respecto de una indemnización demandada al Fisco para la viuda e hijos del ex intendente, por el daño moral causado por agentes del Estado.
