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Corte fija plazo de 10 días para que el Mineduc responda a sostenedores mapuches

Cristóbal Escobar | Agencia UNO
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La Corte Suprema resolvió otorgar al Ministerio de Educación un plazo de 10 días para que responda una consulta formulada por la Asociación de Sostenedores Mapuche (Asoma), relativa al proyecto de ley de reforma educacional sobre inclusión escolar.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados (i) Jorge Lagos y Arturo Prado- acogió la acción cautelar presentada durante la tramitación del proyecto, por considerar que la cartera vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al no dar respuesta a la consulta realizada por Asoma en noviembre de 2014.

El fallo sostiene que no existiendo constancia de que la repartición pública recurrida haya emitido dictamen alguno respecto de la solicitud formulada por la asociación y habiendo transcurrido con creces el plazo establecido para ello, “se ha vulnerado en la especie la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, toda vez que existe un trato discriminatorio a la actora respecto de otras agrupaciones que habiendo requerido el pronunciamiento de la autoridad administrativa lo han obtenido de modo expreso, razón por la que se acogerá la acción constitucional intentada”.

La resolución agrega que “se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1 por la Asociación de Sostenedores Mapuche Asoma, sólo en cuanto se dispone que el Ministerio de Educación, en un plazo de diez días hábiles, deberá pronunciarse respecto de la solicitud de inicio de consulta indígena, en el marco del proyecto de ley sobre reforma educacional, formulada por la asociación recurrente”.

El 30 de diciembre de 2014 Asoma presentó un recurso de protección en contra del Mineduc por negarse a realizar una consulta indígena mientras se tramitaba el proyecto que regula la admisión de los estudiantes, eliminando el lucro, la selección y el copago en establecimientos que reciben aportes del Estado.

La organización pretendía obligar a la realización de una Consulta Indígena, aludiendo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para detener el trámite del proyecto que fue promulgado a fines de mayo.

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