Cuando ha pasado exactamente un mes desde que Rodrigo Peñailillo fue removido del Ministerio del Interior, su paso por el Gobierno y las vinculaciones con SQM aún son materia de discusión en la opinión pública.
De acuerdo a lo que consigna El Mostrador, el ahora ex secretario de Estado habría sido advertido a mediados de 2014 de que las indagatorias por los aportes irregulares desde el grupo Penta a políticos salpicarían a la Nueva Mayoría. Sin embargo, Peñailillo habría decidido no revelar dichos antecedentes a la presidenta Michelle Bachelet, a raíz de los vínculos que el ministro oriundo de Cabrero mantenía con Soquimich que el medio denomina como “negocio”.
El citado portal detalla que desde La Moneda existió un rastreo a los rumores generados sobre la figura de Peñailillo, en particular las voces que apuntaban a que no todos los dineros entregados desde SQM estuvieron dirigidos a la campaña de la mandataria. Esto habría sido despertado además por la negativa de Peñailillo de transparentar su relación con Asesorías y Negocios SpA y las acusaciones de que intentó frenar el impacto público de este escándalo.
En este rastreo se indicó que, junto a otros miembros de la G90, Peñailillo mantenía un nivel de vida “muy lejano a lo que corresponde a profesionales de su edad y con su trayectoria” y habría quedado en evidencia el desajuste entre los dineros entregados por Martelli y los gastos del ex ministro, deslizando la sospecha de enriquecimiento personal por parte del otrora personero.
Los cuestionamientos también alcanzaron a los cercanos de Peñailillo en la G90 instalados en funciones importantes en el Ejecutivo. Entre estos figura Adolfo Galindo, jefe de gabinete de la ministra de Minería Aurora Williams.
Galindo fue jefe de gabinete de Carolina Echeverría, subsecretaria de Fuerzas Armadas en la anterior administración de Michelle Bachelet y cuyo nombramiento como subsecretaria de Fuerzas Armadas en este gobierno fracasó. Echeverría es apuntada como una de las principales recaudadoras de la presidenta y, junto a Galindo, crearon en 2010 Colectivo 9010, sociedad iniciada el mismo año que AyN.
Del mismo modo, El Mostrador recordó que SQM enfrenta una difícil situación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Chilena de Comercio de Santiago a raíz de la demanda interpuesta en su contra con Corfo por no pagar “íntegramente las rentas trimestrales pactadas entre enero de 2009 y septiembre de 2013″.
En el caso de que el organismo falle en contra de la minera no metálica, podría derivar en terminar anticipadamente el contrato de arriendo que SQM y Codelco mantienen desde 1993 y que permite derechos exclusivos sobre parte del Salar de Atacama, junto con la explotación hasta 2030 de otras 28.054 pertenencias mineras.
La intención de resguardar este contrato habría inspirado a SQM a tejer lazos con políticos, potenciado por las gestiones del lobbista Enrique Correa.
Las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, creada el año pasado por la presidenta, también son abordadas, especialmente en lo que se refiere a la idea de la ministra Williams (quien lideraba la comisión) de concesionar el mineral y no considerarlo estratégico.
Eso sí, se recalcó que la secretaria de Estado no habría participado en la comisión de manera activa, y el principal promotor de la idea de someter al litio a la ley de concesiones era Cristián Quinzio, abogado PPD que se desempeña como consultor jurídico de Codelco y que mantenía vínculos con Martelli, figurando en la escritura de AyN como miembro provisional del directorio.
Manuel Riesco, economista y uno de los 20 miembros de la comisión, afirma que el mecanismo de concesiones favorecería a SQM, ya que el Estado tendría que “pagarle el valor total de los minerales que hubiese encontrado debajo” si quisiera recuperar la concesión.
Asimismo, Riesco señaló que existieron tratativas de derribar las conclusiones del informe, que apuntaba a crear una empresa estatal o mixta para explotar el litio. Entre estas se encontraría la filtración del borrador a La Tercera, antes de ser entregado a Bachelet, y una presunta auditoría de los gastos de la comisión.
Desde Minería descartaron la existencia de la auditoría y que la postura de la cartera va en consonancia con las conclusiones del informe.
Las indagatorias internas de La Moneda habrían precipitado, entre otros factores, la decisión de Michelle Bachelet de desvincular a Rodrigo Peñailillo y separar aguas con sus colaboradores.
