La UDI descartó que su colectividad haya intentado buscar alguna forma de impunidad con el Gobierno, en los casos que involucran el dinero y la política, indagados actualmente por la Fiscalía. Sin embargo, desde el partido manifestaron que se debe legislar para que en el futuro éstos sean sancionados.

El secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que jamás el gremialismo ha buscado impunidad en los casos que se han visto envueltos sus militantes y que está investigando el Ministerio Público.

Esto luego de un reportaje que publicó Ciper, donde señala la existencia de un proyecto de ley que tipificaba y sancionaba el delito de las boletas y facturas ideológicamente falsas, entre otros ilícitos, que habría sido negociado entre el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y la UDI, para buscar una salida administrativa de los casos.

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Según Ciper, esta iniciativa fue anunciada por la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional, el pasado 28 de abril, pero que finalmente no fue firmado por la mandataria, ya que habría sido advertida de que con la tipificación del delito, se está diciendo implicitamente que quien incurrió antes de la vigencia de la nueva ley en esa conducta, no cometió delito.

Las sospechas aumentaron luego de que el ex ministro Jorge Insunza, el día que presentó su renuncia al gabinete, también aseguró que “lo atacan por su objeción a la petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia”.

El dirigente de la UDI manifestó que en su colectividad lo único que ha pedido es igualdad de trato. Sin embargo, dijo que cualquier persona sabe que las leyes se aplican sólo hacia el futuro y que en los actuales casos que se han visto involucrados los políticos son faltas, por lo que si se quiere sancionar hay que tipificar el delito.

Por su parte, el diputado Felipe Ward, quien era jefe de bancada durante la directiva del diputado Ernesto Silva, por lo que participaba de las reuniones de la mesa, manifestó que nunca se intentó llegar a ningún tipo de “arreglín” con el Ejecutivo.

El diputado gremialista agregó que hay que presentar pruebas efectivas respecto de que se intentó esa negociación, ya que es una acusación grave y sería impresentable.

En la UDI plantearon que en los actuales casos de financiamiento irregular de la política no hay delitos, por lo que deberían aplicarse sanciones tributarias y no penales. Además, señalaron se debe legislar para que en el futuro no se vuelvan a repetir estos hechos.