El Parlamento rumano, donde la coalición gobernante de centroizquierda dispone de una amplia mayoría, rechazó este martes sin sorpresas una petición de la fiscalía anticorrupción para imputar al primer ministro socialdemócrata, Victor Ponta, por conflicto de intereses.

Los diputados rechazaron la petición por 231 votos, frente a los 120 que se pronunciaron a favor de levantar la inmunidad del primer ministro.

Ponta, de 42 años, sigue imputado por complicidad de evasión fiscal y blanqueo de dinero entre 2007 y 2011, cuando trabajaba como abogado y ejercía de diputado. También es sospechoso de conflicto de intereses durante su mandato al frente del gobierno, que arrancó en 2012.

Tras esta votación, la fiscalía no podrá seguir con su investigación sobre el supuesto conflicto de intereses.

Rumanía, uno de los países más pobres de la Unión Europea, vive una crisis política desde el viernes, cuando la fiscalía anticorrupción dio a conocer sus acusaciones contra el jefe del gobierno.

El presidente conservador Klaus Iohannis, rival de Ponta, y parte de la oposición pidieron la dimisión del primer ministro, que declaró ser inocente y víctima de un “intento de golpe de Estado” orquestado por sus opositores con la complicidad de la justicia.

Iohannis no puede suspender al primer ministro mientras no sea imputado por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.