Un prolongado comité político se desarrolló este lunes en el Palacio de La Moneda, principalmente dedicado a analizar las reacciones a la renuncia de Jorge Insunza a la Secretaría General de la Presidencia.

Las críticas apuntaron a la desprolijidad de su nombramiento, según aseguró el presidente del PC Guillermo Teillier.

Al término del comité, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió a las críticas señalando que el Gobierno no tiene mayores herramientas intrusivas para poder evaluar los aspectos de la vida privada de las personas a las que se nombra como autoridad, asegurando que espera no tener esas condiciones en un gobierno democrático.

“Estamos retomando el rumbo de las cosas que tenemos que hacer”, expresó el vocero al resumir las materias que se trataron en la cita, donde se discutió la reforma educacional y las prioridades de la agenda legislativa.

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Subrayó también que Insunza dejó claro que asumía su responsabilidad política porque “consideró que no era un problema” las asesorías que él brindó a mineras en tiempos en que se desempeñaba como parlamentario, sin que la presidenta Michelle Bachelet haya estado al tanto.

“Él tuvo el coraje de asumir ayer que una parte de sus antecedentes, que él consideró que no era un problema, no estuvo en antecedente de la presidenta y, en consecuencia, difícilmente podía ella saberlo”, dijo Díaz.

Del mismo modo, afirmó que la entrega de los informes por parte de Codelco a la Cámara de Diputados “es lo que corresponde que haga una institución pública” y que desarrolla una auditoría interna para aclarar estos hechos.

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En tanto, descartó pronunciarse sobre los trascendidos que apuntan a que el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, habría puesto en conocimiento a Michelle Bachelet sobre la situación del ahora ex ministro. “No me puedo hacer cargos de trascendidos de prensa”, dijo al respecto.

Asimismo se refirió al emplazamiento de Insunza a la Unión Demócrata Independiente, al señalar que desde el gremialismo se busca impulsar una ley de impunidad para los casos controvertidos en relación al dinero y la política.

Sobre ello, Díaz, destacó que “no está ni en el ánimo del Gobierno ni de los partidos impulsar ningún instrumento legal entendido o interpretado para generar impunidad”.