Organizaciones que representan a trabajadores de la pesca artesanal e industrial constituyeron histórica alianza regional por la derogación de la Ley de Pesca. El subsecretario Raúl Súnico, dijo que no ha escuchado de ellos propuestas de cómo debe ser la normativa que la reemplace y garantizó una evaluación participativa de la llamada Ley Longueira.
Según Juan Montenegro, presidente de Fetrapés, se han perdido 3.500 empleos en el sector industrial desde la vigencia de la ley, que no se ha hecho cargo de su protección con la prometida plataforma social.
Pescadores de Talcahuano, Coronel, Penco, Lota, Lebu y la provincia de Arauco, junto a trabajadores de la gran industria y pequeños y medianos empresarios pesqueros, argumentan que la ley está seriamente cuestionada en su legitimidad debido a la investigación por aportes de empresas pesqueras a parlamentarios que votaron la legislación.
El senador Alejandro Navarro, que está apoyando las peticiones de derogación de la llamada Ley Longueira, asegura que Chile está dando un espectáculo con este tema y que es necesario iniciar la discusión de una nueva legislación de manera participativa, que de la estabilidad social y económica que se requiere.
En Concepción, el subsecretario de la cartera, Raúl Súnico, respondió que como autoridad debe recibir a todos los actores que tienen intereses en esta actividad productiva.
Señaló que en el debate han surgido dos opiniones, de quienes creen que no hay que cambiar una coma a la ley y de otros que piden derogarla. Dice no ser partidario de ninguna, y aseguró que el gobierno es crítico de la ley de pesca, pero que no se puede volver al escenario de 1991.
En el centro de Concepción, las organizaciones de tripulantes artesanales ya han reunido cerca de tres mil firmas para respaldar la idea de derogar esta polémica ley que hoy rige la actividad pesquera en Chile.
