El jefe de Estado conservador de Rumanía, el presidente Klaus Iohannis, anunció este viernes que había pedido la dimisión del primer ministro socialdemócrata Victor Ponta, sospechoso de corrupción.
El viernes por la mañana, la fiscalía anticorrupción rumana (DNA) pidió que se iniciara un procedimiento penal contra el primer ministro, sospechoso principalmente de complicidad de evasión fiscal, blanqueo de dinero y conflicto de intereses.
El anuncio de la fiscalía de que se habían abierto diligencias penales contra el jefe de gobierno rumano han metido al país en una “situación imposible”, declaró Iohannis tras haberse reunido con Ponta.
“Lo peor que podría pasar es una crisis política”, declaró, agregando que había solicitado la dimisión del jefe de gobierno.
En una reacción publicada en su cuenta de Facebook, Ponta parece rechazar esta opción, asegurando que “sólo el Parlamento” puede destituirlo.
“Respeto la posición pública del presidente pero he estado nombrado para este cargo por el parlamento”, en el que la coalición de izquierdas liderada por el partido socialdemócrata del jefe de gobierno dispone de una amplia mayoría.
“El respeto de los principios constitucionales es esencial para nuestra sociedad y en ningún caso puedo aceptar que un fiscal esté por encima del parlamento, del gobierno y de los ciudadanos”, agregó en su mensaje, afirmando que si esto fuera así se trataría de una “dictadura”, 25 años después de la caída del régimen comunista.
En su comunicado, la DNA señaló que recurriría a la cámara de los diputados para “formular las solicitudes de diligencias penales contra Ponta Victor-Viorel”, quien también es diputado y se beneficia de la inmunidad parlamentaria.
Según la fiscalía anticorrupción, el jefe de gobierno es sospechoso de “falsedad documental (…), complicidad en evasión fiscal de forma continua” y de blanqueo de dinero en la época en la que era abogado, en 2007.
Además, los fiscales le acusan de haber incurrido en “conflicto de intereses” en el ejercicio de sus funciones de primer ministro.
Estas sospechas están vinculadas a otro presunto caso de corrupción en el que está implicado su aliado político Dan Sova, diputado y ex ministro de Transportes (entre marzo y junio de 2014).
La DNA ha pedido en varias ocasiones que se retire la inmunidad a Sova, sospechoso de abuso de poder en tres casos, pero el parlamento siempre ha votado en contra.
La apertura de diligencias contra Ponta es la acción más agresiva de la temida fiscalía, que ha hecho caer estos últimos meses a varias personalidades influyentes por sospechas de corrupción.
