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Acusan a 3 funcionarios de Hospital del Salvador de avisar muertes a funerarias y recibir pagos

OakleyOriginals (CC) | Flickr
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Por el delito de cohecho, la Fiscalía Oriente formalizó a tres funcionarios del Hospital del Salvador y seis privados ligados a diversas funerarias como responsables del manejo comercial de la información de personas que fallecían al interior del recinto hospitalario. El Ministerio Público especificó que habían pagos a empleados del hospital por entregar antecedentes a las funerarias de las personas que morían y un pago mayor en el caso que se lograra el contrato con la funeraria.

Son tres funcionarios de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital del Salvador quienes, según la investigación de la Fiscalía, proporcionaban información a funerarias respecto a las personas que fallecían en el recinto, a cambio de pagos por la entrega de los antecedentes y también si se concretaba el servicio.

En la audiencia de comunicación de cargos, donde además se imputó el delito de soborno a seis privados -pertenecientes a las funerarias-, el fiscal oriente Rodrigo Varela explicó que existían diversas pruebas como escuchas telefónicas .

En los audios se puede apreciar el ilícito porque se utilizaba diversos códigos para comunicarse. Como ejemplo, se detalla que si no existían fallecidos aludían a que el “estadio está vacío”, o que el “partido estaba dos cero” en referencia a dos cadáveres.

Por los antecedentes se pagaban entre $5.000 y $15.000, pero si se concretaba el negocio se cancelaban más de $60.000. En estas escuchas, además, se establecía que “muerto encajonado, era muerto pagado”

El fiscal explicó detalles de la forma en que operaba este grupo.

También fueron imputadas tres personas como parte de las funerarias que presuntamente sobornaban a los funcionarios públicos. En tanto, otros tres investigados no se presentaron a la audiencia, para quienes el tribunal fijó su formalización el próximo 29 de julio.

El abogado que representa a los funcionarios, Mauricio Jara, explicó que aún resta conocer mayores antecedentes para establecer la estrategia defensiva.

Los imputados arriesgan penas que llegan a los cinco años de presidio.

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