A dos meses y medio de la denuncia realizada por José María del Pino de Evópoli en contra del senador Felipe Harboe por supuestos pagos excesivos a sus personas de confianza durante la campaña, hoy la causa está en la Fiscalía de Chillán. El parlamentario declaró en calidad de “testigo” y pronto comenzarán nuevas diligencias.
El pasado 18 de marzo, el vicepresidente metropolitano de Evópoli, José María del Pino, acusó al senador PPD Felipe Harboe, de supuestos pagos excesivos e injustificados a los jefes territoriales de su campaña.
En ese momento, el parlamentario informó que las boletas correspondían a gastos diversos del comando; sobre todo en servicios de brigadistas, y que fueron “agrupados” en “grandes recibos”.
Recordemos que estos documentos tributarios fueron emitidos por personas de confianza del senador, que hoy ocupan puestos en la administración pública, usando boletas personales para justificar estos gastos, que ascienden a 70 millones de pesos aproximadamente.
Esto derivó en una denuncia que fue acogida por la Fiscalía de Chillán, y que recogió las pericias que realizó la Brigada de Delitos Económicos, donde Del Pino fue citado a declarar como “denunciante”. Insiste en que por cada una de esas boletas se pagó una retención que es personal y que, a su juicio, no corresponde que las reciban personas que no realizaron el servicio.
Dice no entender el motivo por el que los asesores de Harboe recibieron recursos por servicios boleteados, pero que no fueron prestados.
Agregó que el Ministerio Público perseveró en el caso, y que está citado a declarar el próximo 4 de junio. “Si la denuncia no tuviera asidero, el Fiscal Regional no citaría a los involucrados”, dijo Del Pino.
Sin embargo, el senador por la Circunscripción Cordillera indicó que, a su juicio, la denuncia no tiene ningún sustento. Informó además que acudió a declarar en calidad de testigo.
Efectivamente, los blancos de esta denuncia son los “brazos de confianza” del parlamentario durante la campaña. Entre ellos está la actual Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor del Bío Bío, Carol Lagos, a quien se le atribuye la emisión de dos boletas por un total de $30 millones por tres meses de trabajo; José Andrés León, destituido en 2014 de la municipalidad de Chillán Viejo por malversación de fondos y hoy querellado por el Consejo de Defensa del Estado, quien emitió una boleta por $20 millones; y Carlos Maturana, una boleta por “servicios de propaganda” por un valor de $19 millones.
