El Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que la investigación del caso del estudiante Rodrigo Avilés -quien resultó gravemente herido en Valparaíso- debe quedar fuera de la justicia militar, de lo contrario el proceso podría incurrir en malas prácticas e impunidad.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que el caso de Rodrigo Avilés no puede tramitarse en los tribunales militares, debido a que no cumplen con un estándar mínimo de imparcialidad para resolver los casos.

Según Fries existe un principio que beneficia a los propios integrantes de la institución, situación visible con la rebaja de la condena de Miguel Millacura, oficial de carabineros acusado por la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez en 2011, inicialmente condenado a tres años y un día, y que durante la semana pasada la Corte Marcial dictaminó 400 días de pena remitida.

Si bien el senador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, calificó de un uso abusivo de la fuerza por parte de funcionarios, es partidario de acudir hasta la Fiscalía Militar para presentar la denuncia, asegurando que el Ministerio del Interior debe agilizar las investigaciones y solicitar el sumario interno a Carabineros.

En esa misma línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, concordó en que deben haber las máximas sanciones para los responsables de las agresiones sufridas por los estudiantes, pero sin acudir a la justicia militar.

Carabineros, en un comunicado, reprochó este tipo de conductas indicando que se apartan del aspecto “doctrinario de protección y auxilio a la comunidad y los protocolos de actuación diseñados para el control del orden público”. Además anunció sanciones en contra de los funcionarios responsables.