Los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Diego Paulsen, pedirán a la Fiscalía que amplíe la investigación por una potencial obstrucción a la justicia de altos personeros del gobierno de Michelle Bachelet tras los dichos del ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, sobre eventuales presiones desde el Ministerio del Interior para no investigar a SQM.

“Hacemos también un emplazamiento al ministro Burgos y al subsecretario Aleuy para que realicen un sumario administrativo por probidad en contra de la funcionaria que está siendo acusada, la señora Palma”, indicó Edwards, aludiendo a Andrea Palma, ex jefa de gabinete de Alberto Arenas, otrora ministro de Hacienda.

“Y si es que dicen que las acusaciones de Jorratt son mentira, los emplazamos a que se querellen directamente contra Jorratt por un injurias y calumnias”, añadió.

Asimismo, Edwards informó que llevarán hasta la Cámara Baja la situación denunciada: “Vamos a citar en conjunto con diputado Paulsen y otros, al señor Jorratt y la señora Palma para que en el Congreso, buscando cuál es la instancia legislativa correspondiente, nos digan exactamente a qué se refieren con la información y (para) que se nos clarifique quiénes son los que enviaban las ordenes, en el caso de la señora Palma, para presionar al señor Jorratt”.

“Si esa información no se consigue, vamos a pedir una comisión investigadora para recabar los antecedentes y finalmente entregárselos a Fiscalia, si ello corresponde, para que existan acciones judiciales”, lanzó el RN.

En ese sentido, indicó que no descartan acciones judiciales en contra de quienes estén vinculados con una posible obstrucción a la justicia, como así también analizan una posible acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

“Todas las personas que están cayendo hoy son personas que fueron leales a la presidenta Bachelet. Le hacemos un llamado a la presidenta Bachelet a que sea leal con ellos, asumiendo la responsabilidad que a ella le cabe por haber permitido al menos que se financie, o que presumiblemente se financie de manera ilegal, su precampaña. Creemos que la justicia tiene que ser igual para todos y no puede ser que sean los eslabones más débiles los que permanentemente paguen las consecuencias de acciones de sus jefes”, sentenció.