En prisión preventiva en los penales de Curicó y Talca quedó una pareja que fue formalizada por el delito de tráfico reiterado de migrantes.

Se trata de los representantes legales de la empresa Isidora SPA, quienes fueron detenidos en Colina por su presunta vinculación con el ingreso ilegal de 34 ciudadanos bolivianos que fueron descubiertos viviendo en condiciones indignas en un campo de la zona de Teno.

Según la investigación de la fiscal Mónica Barrientos, la mayoría de estos trabajadores son personas altamente vulnerables que fueron contactados mediante avisos en radios en la ciudad de Cochabamba y con ánimo de lucro fueron traídos hasta Chile, donde debían realizar trabajos especializados en el levantamiento de torres de alta tensión en la zona norte del país.

Una vez ingresados a territorio nacional, se les pedía que engañaran a los efectivos del control aduanero señalando que venían al país con fines turísticos o a visitar a familiares.

Cuando ya estaban en Copiapó comenzaban a desempeñarse en estas faenas y las condiciones laborales cambiaban radicalmente. Además, el salario ofrecido en Bolivia no era el convenido por los dueños de la empresa contratista Isidora SPA, que además no cumplía con el pago de las leyes sociales, por lo que ya fue multada por la Dirección Regional de Trabajo.

En la audiencia, la fiscal expuso que con estas irregularidades y con ánimo de lucro, la empresa cuestionada pretendía maximizar la producción.

Agregó además que para ello la empresa contaba con otros dos brazos ejecutores de este delito. Se trataría de ciudadanos bolivianos que fueron detenidos cuando se daban a la fuga a su país y que serán formalizados en las próximas horas.

Uno de los abogados defensores de los imputados intentó deslizar la tesis de que sus clientes habrían actuado en desconocimiento de la Ley Migratoria y que no hubo intención de provocar daño ni una maquinación de este hecho. Sin embargo, reconoció que existió una falta de control de la empresa, que derivó en inconvenientes económicos con el retraso de los sueldos debido al aluvión ocurrido en Copiapó en el sitio donde estaban instaladas las faenas.

El juez de Garantía de Curicó estimó que la libertad de ambos imputados -a pesar de que no cuentan con anotaciones penales- resulta un peligro para la sociedad, por lo que decretó la medida de prisión preventiva.

Se debe consignar que ambos arriesgan penas que van desde los cinco años y un día de presidio.