La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) aseguró que no se opone a las reformas, pero advirtió que los cambios deben equilibrar las aspiraciones de la ciudadanía y el crecimiento económico. El empresariado pidió un cambio en la propuesta del Gobierno para producir mayor confianza en respuesta a las declaraciones del ministro de Hacienda, quien dijo que no estaba para impedir la reforma.

El compromiso del ministro Rodrigo Valdés con las reformas del gobierno no pasó inadvertido para la dirigencia empresarial, como tampoco su golpe de autoridad cuando afirmó que las reformas no se van a moderar sólo porque los empresarios lo piden.

Al respecto, el presidente de la CPC Alberto Salas fue más moderado que el presidente Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quien solicitó el martes frenar algunos cambios y expresó que es necesario que el Gobierno escuche al sector privado.

“Los empresarios queremos colaborar en buenas políticas públicas y no buscamos entorpecer las reformas”, subrayó Salas. “No estamos en contra de las reformas, estamos por tener buenas reforma”, sentenció.

A juicio de Salas, las reformas del Gobierno deben equilibrar las distintas aspiraciones sociales con cautelar el crecimiento económico mayor al actual, situación que no se estaría logrando con las actuales propuestas, como la agenda laboral y los cambios tributarios en plena implementación.

En ese sentido, los empresarios adelantaron que estarán atentos a la cuenta pública de la presidenta Bachelet en Valparaíso.

Según el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, el empresariado espera señales para devolver la confianza al mundo privado, como por ejemplo a través de cambios en las reformas del Ejecutivo.

El presidente de la CPC aprovechó su participación en un seminario de ética y confianza empresarial para diferenciar los casos de colusión de algunas compañías con el financiamiento ilegal de campañas políticas, delitos que han dañado la imagen del empresariado.

“Son todos (delitos) graves, pero hay diferencias enormes entre la gravedad de un aporte ilegal a la política con una boleta, a la colusión en que unos pocos de coluden para beneficio económico personal en perjuicio de cientos de miles”, sentenció Alberto Salas.