Un verdadero frenesí legislativo es que el que se ha visto en el último tiempo en el Congreso, para cumplir la meta de tener ciertos proyectos de ley aprobados antes de la cuenta pública que este jueves entregará la presidenta Michelle Bachelet.

Se trata de iniciativas ingresadas durante este Gobierno, y también durante la administración anterior, que apuntan a temáticas de salud, educación, seguridad ciudadana, transparencia y medio ambiente.

Hay cuatro proyectos relevantes para el Gobierno que podrían ser aprobados este miércoles por el Congreso, con lo que quedarían listos para convertirse en ley. Pero también hay otros cuatro que quedaron estancados en segundo trámite constitucional en el Senado, donde las comisiones revisan objeciones y dudas con respecto a los detalles de estas iniciativas.

Proyectos que serían aprobados ‘justo a tiempo’

-Ley Ricarte Soto: actualmente está en la Cámara Baja, donde está en tercer trámite constitucional y para ser aprobada requiere de quórum calificado, es decir, los votos a favor de 72 diputados. Si se le da el visto bueno, quedaría lista para ser promulgada.

Este proyecto crea el Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, que ayudaría a costear las necesidades médicas de los enfermos crónicos, y obtuvo su nombre como homenaje póstumo al periodista Luis Ricarte Soto Gallegos.

El problema que enfrenta esta legislación es que, según reconoció el senador Fulvio Rossi (PS), el financiamiento comprometido por el Gobierno de $100 mil millones por año hacia 2017, no alcanzará para costear todos los tratamientos de alto costo que requieren alrededor de 20 mil enfermos crónicos en Chile.

-Nuevas universidades: también está en tercer trámite constitucional el proyecto en la Cámara de Diputados. Busca crear dos universidades estatales, a ubicarse en las regiones de O’Higgins y Aysén.

Algunas de las preocupaciones al respecto es que, en primer lugar, el financiamiento destinado para construir las nuevas casas de estudio podría no ser suficiente. Además, hubo polémica respecto a la ubicación que tendrán, ya que la propuesta original planteaba que se localizaran en las capitales regionales, mientras otros legisladores pedían que la gente de cada zona eligiera dónde edificarlas.

-Probidad en la Función Pública: éste proyecto fue ingresado recién comienzos de mayo al parlamento, como parte del plan anti corrupción que la presidenta Michelle Bachelet anunció por medio de cadena nacional.

Ahora se encuentra en tercer trámite constitucional, luego de que este miércoles lo aprobara el Senado. Sólo falta que la Cámara vuelva a revisarlo para despacharlo.

Esta ley regulará las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades, e impide que puedan ser parte de empresas que hagan negocios con el Estado mientras estén en un cargo público. A su vez, endurece las sanciones contra quienes incumplan esto.

-Inversión extranjera directa: el proyecto debe ser revisado por la Cámara tras ser aprobado por el Senado. Establece una nueva institucionalidad para fomentar la inversión extranjera directa en Chile.

La legislación establece que el o la presidente contará con la asesoría directa de un Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera y de una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que tendrá que implementar la política estatal para atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones extranjeras al país.

Agencia UNO

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Proyectos de ley de difícil aprobación en segundo trámite constitucional

-Centros de Formación Técnica Estatales: Esta iniciativa, que se encuentra en trámite en el Senado, busca crear quince centros de formación técnica estatales a lo largo del país, asegurando uno para cada región.

El proyecto contempla la vinculación de cada CFT con una universidad estatal acreditada institucionalmente, para que ambas contribuyan al desarrollo del territorio regional en que se ubica y puedan establecer programas de acceso especial para los egresados de los centros de formación técnica.

De esa forma la idea es permitir que los alumnos sigan cursando -a futuro- sus estudios en la universidad respectiva, a través de la integración de mallas curriculares. Para ello la presidenta de la República deberá fijar, a través de un decreto con fuerza de ley, la medida que establezca dicha tutela hasta la primera acreditación institucional de los CFT, con excepciones en el caso de las regiones que no cuenten con universidades estatales.

Además, la presidenta deberá contemplar la fecha de inicio de las actividades académicas y la comuna donde funcionará el CFT en cada región. Cada nueva entidad educacional será financiada por los aportes asignados bajo la ley de presupuesto y los recursos que perciban por concepto de matrícula y aranceles entre otros.

-Cobros en estacionamientos: El proyecto, que aún no es votado en el Senado, busca establecer la gratuidad parcial de estacionamientos en centros comerciales, malls, supermercados y también en recintos asistenciales.

La idea es modificar la Ley sobre Protección de Derechos del Consumidor y lograr que ciertos establecimientos sigan los parámetros que se establecerán para el cobro de sus estacionamientos.

Las medidas apuntan a que la primera media hora de uso sea gratuita para todos los casos; las siguientes dos horas lo sean para quienes tengan una boleta de compras del lugar, y más allá de las dos horas y media, los establecimientos sólo podrán cobrar por minuto efectivo, no por rangos.

En el caso de los que permanezcan más de media hora sin presentar boleta, también se aplica el cobro por minuto efectivo.

Mientras tanto para los servicios de urgencia, el proyecto establece que no podrán realizar cobro alguno al paciente estacionado durante tiempo que dure la atención de urgencia.

Los estacionamientos de los hospitales públicos, sean estos concesionados o no, y en cuyas dependencias funcionen los Centros de Diagnóstico y Tratamiento o Centros de Referencia de Salud, no podrán cobrar a los pacientes.

-Consejos Municipales de Seguridad: Este proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, busca fortalcer el rol del municipio en la seguridad pública.

Para ello cambia su labor de apoyo y fomento en medidas de prevención en seguridad ciudadana, otorgándole un papel activo en el desarrollo, implementación, promoción y apoyo de acciones de prevención social, situacional y de reinserción social, además de adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal.

Además incorpora un Plan comunal de seguridad pública como un instrumento de gestión municipal, encargado de fijar las orientaciones y las medidas que acuerden la Municipalidad y los demás órganos en materia de seguridad pública a nivel comunal.

Y como punto crucial, crea los consejos comunales consultivos de seguridad pública para asesorar al alcalde en la confección del plan comunal respectivo.

-Gestión de residuos y la responsabilidad extendida al productor: El proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional y que fue ingresado durante la administración de Sebastián Piñera, establece principios, definiciones y obligaciones de quienes tengan relación con los llamados ‘productos prioritarios’ y generación de residuos, rondando la premisa de que “el que contamina paga”.

Esta iniciativa busca introducir la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que tiene como fin obligar a que las empresas productoras de los prioritarios una vez terminada su vida útil.

Además especifica a los ‘productos prioritarios’, que se dividen en aceites lubricantes, aparatos eléctricos, electrónicos, diarios, periódicos, revistas, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, pilas, baterías, plaguicidas caducados y vehículos.

Un punto importante del texto es que establece metas para la recolección y valorización los residuos, creando así nuevos negocios, y disminuyendo su disposición final. Además, la REP obliga a los productores a considerar los costos para el manejo de su producto al momento de convertirse en residuo, generando así un incentivo de prevención.