La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte formalizó a un ex militar y dos ejecutivos de la empresa Power-Ti S.A. por servicios inexistentes prestados al Ejército de Chile.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal jefe de Alta complejidad Centro Norte, José Morales, detalló que en fechas indeterminadas entre el año 2013 y 2014, el imputado Mauricio Lazcano, en su calidad de teniente coronel del Comando de Bienestar del Ejército y actuando como jefe informática, aceptó recibir beneficios económicos de la empresa Power-Ti S.A.

Al ex militar se le acusa de los delitos de cohecho, al favorecer en proceso de licitación a la empresa por servicios informáticos que en definitiva no habrían sido prestados.

A su vez, el fiscal comunicó cargos en calidad de co-imputados para Eduardo Olmedo Prado y Claudia Marín Aguilera, quienes consintieron dar un beneficio económico. A los tres encausados se les añade los cargos de negociación incompatible y estafa. En tanto, Lazcano quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El persecutor penal explicó que “para las licitaciones se reunía Lazcano con Olmedo, para participar de una licitación de la empresa de su familia, del dinero que recibió Olmedo se le entregaba para sus beneficios”.

Morales detalló que “inventaban una factura de la empresa Power-Ti, para luego trasladarlas a dependencias del Ejército, donde Lazcano las validaba como servicio prestado. Con ellas iban a los factoring, como servicios que había prestado el Ejército y esos dineros nunca iban a ser devueltos, ya que eran servicios que nunca habían comprometido”.

Por su parte, el defensor del militar en retiro, Ángel Valencia aseguró que nunca su representado negó de los pagos. “Colaboró con unas personas que perjudicaron con los factoring está acreditado. No ha negado recibir dinero”, concluyó.

Por último, el Ministerio Público estableció que era la gerente de Power-TI, Claudia Marín, la encargada de concurrir a las empresas de factoring donde se suscribían los contratos, mediante los cuales se cedía el servicio de cobranza futura de dichas facturas a estas empresas, recibiendo los pagos adelantados con el respectivo descuento que asciende a más de $6 mil millones de pesos.