El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, calificó como “aprovechamiento de tipo político” las acusaciones que lo sitúan como propiciador del escenario en el marco del fallecimiento de Diego Guzmán y Exequiel Borvarán. El jefe comunal lamentó el hecho, señalando que si se le entrega esta responsabilidad a las autoridades también debiesen responder por este tipo de incidentes quienes realizan la convocatoria.

Castro mostró su desacuerdo y molestia frente a dichos que le asignan responsabilidad respecto del escenario previo a la muerte de los dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás tras la marcha convocada por los profesores y federaciones universitarias el pasado jueves.

Uno de los dirigentes que le asignó responsabilidades a la figura del alcalde fue el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María, José Allende, quien sólo a horas de ocurrido el hecho se refirió a una ordenanza emitida por Castro.

El alcalde le restó importancia a las acusaciones –debido a una ordenanza municipal que busca sancionar a quienes dañen el mobiliario público- y dijo que en este tipo de instancias siempre hay aprovechamientos políticos.

La autoridad comunal defendió la iniciativa -que según explicó- busca recuperar el daño que un joven o niño pueda efectuar, considerando el hastío presente en la comunidad y el comercio frente a este tipo de hechos, agregando que así como se le da responsabilidad a su figura por la ordenanza, también se podría hacer lo propio con quienes convocan.

Jorge Castro señaló que pese a la validación que puedan tener las diversas reivindicaciones, debe haber un marco de respeto y responsabilidad por quienes convocan, además de instar a manifestarse de manera distinta al considerar las complicaciones que este tipo de marchas suponen para la comunidad.

El alcalde de Valparaíso argumentó que se busca sancionar a quienes hagan daño a un bien público de la comuna en contexto de movilizaciones -o bien- a sus padres en caso de ser un menor de edad.

Castro detalló que esto se aplicará a través del Juzgado de Policía Local estableciendo una multa de entre 5 y 10 UTM para quien dañe el mobiliario público, agregando que este tipo de situaciones se deben corregir tanto por las autoridades como por la comunidad en general al considerar que la ciudad aloja cerca de una manifestación diaria.