Un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María en el sur de Perú, fue detenido el viernes, informó la policía.

Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.

“Lo identificamos, le comunicamos que tenía orden de captura, pedimos el apoyo del fiscal, informamos el motivo de la intervención y procedimos a detenerlo”, confirmó el viernes a la emisora RPP el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goycochea.

Gutiérrez está acusado de pedir dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto Tía María, en la provincia de Islay, región Arequipa, que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños.

La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación, presentada por un abogado, en donde se escucha a Gutiérrez presuntamente admitir que pidió dinero para alejarse de las manifestaciones.

El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte del policía, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes.

Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de “injusta” su detención y responsabilizó al presidente Ollanta Humala del hecho.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete han sido citados al Congreso este viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto.

“Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (…) Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción”, dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

El proyecto minero, a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, está valorizado en 1.400 millones de dólares. En marzo, la empresa estuvo a punto de dejarlo, pero el gobierno intervino para impedirlo.

Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió el pasado sábado un contingente de las Fuerzas Armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona.

El gremio minero y la Iglesia católica han pedido que se convoque a una tregua para poner fin a la violencia.