El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó que la citación a Fiscalía del operador político de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, afecte de alguna forma la imagen del Ejecutivo.

Luego que el fiscal nacional Sabas Chahuán confirmara que citó a declarar, en calidad de imputado, al reconocido recaudador de campañas políticas de la Concertación y Nueva Mayoría, el Gobierno reiteró su postura de respeto al funcionamiento de las instituciones.

“Nosotros vamos a reiterar aquella afirmación de que las instituciones tienen que funcionar, tienen que cumplir con su rol (…) Y si la Fiscalía ha estimado necesario llamar a alguien a declarar en cualquier calidad, lo que corresponde al Gobierno es respetar el ejercicio de esa atribución“, dijo el portavoz de La Moneda.

Consultado directamente si la citación de Martelli, el mismo que arrendó la sede del comando de Michelle Bachelet, el que compró informes al ex ministro Rodrigo Peñailillo y toda su red cercana, afecta la imagen del Gobierno, Díaz descartó daño alguno.

Nosotros no sentimos que eso dañe la imagen del Gobierno. Nos parece razonable y correcto que las instituciones cumplan con sus funciones y nosotros cumplimos con las nuestras. De eso se tratan las reglas del juego en democracia, cada institución cumple con su tarea”, dijo el ministro.

Pesquisas en torno a Martelli

El fiscal Chahuán citó al operador político en el marco de la investigación que encabeza por los denominados casos Penta y SQM, donde se busca aclarar el presunto financiamiento irregular de campañas y personeros políticos.

Decisión del órgano persecutor adoptada luego que el lunes el Servicio de Impuestos Internos presentara una querella por delitos tributarios, en contra de Giorgio Martelli, como persona natural.

Esta semana además, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitar a Martelli la entrega de información contable, de manera voluntaria. Sin embargo, el recaudador se comprometió a proporcionar dicha documentación durante la próxima semana.

En caso de que no entregue la información pedida por el Ministerio Público se generará una orden de allanamiento, la cual se emitirá en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.