Las empresas Caval y Silca llegaron a un acuerdo para que ésta última desestimara una querella que presentó en contra de la primera por estafa, acción iniciada luego de comprarle un terreno de 44 hectáreas en Machalí por $9.500 millones y que había costado $6.500 millones.

La sociedad de la que es dueña Natalia Compagnon y Mauricio Valero se comprometió a no cobrar un cheque de $2.000 millones que Silca dio como pago, a cambio de que pague sólo $1.000 millones.

Lee también: Alcalde de Machalí y caso Caval: Espero que no esté ningún funcionario del municipio involucrado

De esta forma, Caval termina con uno de los procesos judiciales en que estaba involucrado. El otro es más extenso e indaga los posibles delitos que cometió la empresa cuando compró el mencionado terreno y que después vendió a Silca.

El diputado Gabriel Silber, miembro de la comisión investigadora del caso Caval en el Congreso, conversó sobre este tema con el programa Expreso Bío Bío.

“Esto se ha prestado para todo tipo de dudas. Uno desconoce los motivos por los que alguien, graciosamente, renuncia a obtener $1.000 millones de utilidad cuando tiene la convicción de que esta operación se ajustó a derecho“, dijo.

Para él, tras este acuerdo “obviamente se instalan dudas respecto de una operación que es defendida en la legalidad, en este caso por parte de sus patrocinantes y de sus abogados”.

“Lo que queremos saber es si hubo un ánimo de ceder a la presión social, al juicio público, al escrutinio que existe hoy respecto de esta operación o, por el contrario, hay un ánimo de dudas respecto a si la información que poseía Silca al momento de la compra era toda o si efectivamente hubo información respecto de un eventual cambio de uso de suelo que en los hechos no era cierto”, agregó.

Escucha la entrevista completa realizada por Scarleth Cárdenas y Patricio Cuevas en Expreso Bío Bío: