El operador político Giorgio Martelli comprometió la entrega -en las próximas horas- de la información contable de su empresa al equipo de fiscales que indaga el Caso Penta-SQM, luego de que se instruyera a la Policía de Investigaciones que la requiriera, lo cual no se concretó el pasado martes en sus oficinas.

Se requiere la contabilidad de Martelli, “da lo mismo cómo la entregue, en su computador, en un pendrive, no importa”. De esta forma fuentes de La Radio explicaron la necesidad de revisar la documentación del recaudador indagado por irregularidades en el aporte a campañas políticas ligadas a la Concertación.

Es por esta razón que se instruyó a la a la Brigada de Delitos Económicos, Bridec, para que solicitara la información, aunque manteniendo la posibilidad de que fuera facilitada por vía voluntaria.

Existen dos oficinas asociadas a Martelli, una en Elena Blanco 981, en Providencia, correspondiente a la empresa Transversal, y otra de AyN SPA, en Carlos Antúnez 2616, hasta donde habría concurrido temprano la PDI.

Las mismas fuentes subrayaron que en caso de que no sea por este medio, se pedirá al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la orden de ingreso y registro -allanamiento- para que se incaute la contabilidad.

Solicitud judicial que hasta ahora el Ministerio Público descarta, ya que -según conocedores de la causa- existe un compromiso del requerido para entregar en las próximas horas y de forma voluntaria la documentación.

La diligencia ocurrió a un día de las dos querellas que interpuso el SII por delitos tributarios y “donaciones encubiertas” en contra de Martelli, la contadora militante de la DC Clara Bensán, el ex senador de la UDI Jovino Novoa y nueve representantes legales de Penta y SQM.

El propio ente fiscalizador -en el documento judicial- ordenó acciones y la toma de declaración de una serie de personas, entre las que figura el mencionado operador político.

El abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, se refirió a la importancia de la indagatoria que recae sobre el empresario Giorgio Martelli, sañalando que se debe investigar a todos por igual.

Este martes sí accedió a la entrega de su contabilidad Aguas Andinas en el marco de la investigación por facturas -presumiblemente falsas- desde la empresa La Música S.A., de propiedad del director de Chilevisión Jaime de Aguirre.

En su declaración como imputado, el ejecutivo reconoció que no prestó servicios a SQM -minera a la cual emitió boletas por 45 millones en 2010- y que extendió otros seis documentos tributarios a otras empresas -para las que tampoco trabajó- a petición de Bancard, de propiedad de Sebastián Piñera.

En relación a Aguas Andinas se investigan tres facturas emitidas en enero, febrero y marzo de 2010 por un total de 30 millones de pesos.

Mientras, las defensas de los políticos que serán formalizados el próximo 22 de junio, que no se nombran en la querella del SII, estudian si presentarán algún tipo de incidencia previo a la audiencia que pudiera evitar la comunicación de cargos.

El abogado del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, Juan Pablo Barahona, explicó que el panorama judicial de su representado cambia con esta querella del ente fiscalizador, pero que aún queda pendiente establecer la estrategia con que enfrentarán cargos.

Las defensas definirán qué caminos seguirán para enfrentar la comunicación de cargos y no descartan interponer recursos que eviten la audiencia, como en la improcesabilidad de la acción fiscal sin querella nominativa y también en relación al nuevo delito de “donaciones encubiertas”

Se argumenta y cuestiona el concurso de delitos vinculados a un mismo hecho.