La comunidad de la Universidad de Santiago consideró insuficientes las medidas adoptadas por la rectoría ante el retraso de la construcción de un edificio de ese plantel.
Estudiantes, profesores y administrativos de la universidad expresaron su rechazo a la forma en cómo la rectoría ha enfrentado los casos de corrupción que se han generado debido al retraso en las obras del edificio docente y centro de administración.
En este marco, se acusa a dos ex funcionarios de haber recibido coimas para favorecer la licitación de la empresa Corsán Corviam Construcción.
La presidenta de la Federación de Estudiantes, Marta Matamala, aseguró que las medidas adoptadas por la rectoría al ventilarse el caso son insuficientes y no abordan el problema de fondo que, según ella, radican en la falta de participación y democratización en el plantel.
Por ello, manifestó que continuarán con las movilizaciones, en donde cinco carreras permanecen en paro.
Desde la rectoría informaron que se dispuso el término anticipado del contrato con la empresa, además del cobro de las boletas de garantía por cerca de $3.200 millones.
A ello se suma una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por posible colusión en el proceso de licitación y una querella ante los tribunales por fraude al Fisco y cohecho en contra de los que resulten responsables.
