La tramitación del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, que fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento en enero, se desarrollaba sin sobresaltos en la comisión de Salud de la Cámara, hasta que la Corte Suprema advirtió que el proyecto, así como está planteado en la actualidad, otorga un espacio para la “impunidad” al no obligar a los médicos y al personal de salud a denunciar los casos ante una eventual violación.
Esto considerando que la mayoría de las violaciones las cometen familiares de las víctimas y quienes obviamente no denuncian el hecho, dejando a la agredida en la indefensión.
Una observación que fue acogida en el Ministerio de Salud y que está siendo evaluada por los abogados de la cartera, según lo admitió la ministra Carmen Castillo. Agregó que falta precisar en el proyecto los conceptos, para cumplir con las recomendaciones de la Corte Suprema.
Una situación que provocó inmediatas críticas entre parlamentarios de la Alianza. Para el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahúan, el del Ejecutivo es un proyecto desprolijo y que, en consecuencia, será rechazado en el Senado cuando ingrese a segundo trámite legislativo.
Para el diputado presidente de la comisión de salud de la Cámara, Juan Luis Castro, la Corte Suprema está en lo correcto y el texto enviado por el Ejecutivo al Congreso es perfectible y será corregido durante la tramitación de la iniciativa. Para ello, anunció, citarán al ministro de Justicia, José Antonio Gómez al parlamento.
Para la ex ministra de Salud y encargada de la comisión sobre aborto del Partido por la Democracia, Helia Molina, el espíritu de la ley, por ningún motivo busca dejar en la impunidad a los violadores.
La ex ministra Molina también fue invitada a participar de la comisión de salud y lo hará en las próximas sesiones, para entregar su visión respecto del proyecto de ley del Ejecutivo, en cuya redacción también participó.
