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Querellantes de caso Laja-San Rosendo esperan que se establezca responsabilidad de civiles

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Satisfacción y altas expectativas dejó el resultado de la pericia que estableció el lugar exacto de las ejecuciones de trabajadores de la papelera en Laja y Ferrocarriles, en 1973. Uno de los querellantes espera que la diligencia aclare la responsabilidad de ex ejecutivos de la CMPC en la violación de derechos humanos.

El abogado Adolfo Montiel recibió con optimismo las conclusiones preliminares del trabajo realizado por expertos de la PDI y del Servicio Médico Legal, que estableció el fundo San Juan como el lugar donde fueron masacradas las 19 víctimas del llamado caso Laja San Rosendo.

Montiel dijo que el peritaje reafirma la responsabilidad de los ex Carabineros procesados ya en la causa, y que ahora la diligencia ordenada por el ministro Carlos Aldana podría llevarle a pronunciarse sobre la participación de ex ejecutivos de la celulosa de Laja en los delitos de lesa humanidad investigados.

Ya existen antecedentes en el emblemático sumario que dan cuenta del uso de vehículos de la papelera así como otro tipo de implementos para el traslado de los trabajadores detenidos y maniatados, desde Laja hasta el fundo San Juan en la comuna de Yumbel, donde fueron ejecutados.

De confirmarse aquello, cree el abogado Montiel, el ministro en visita podría definir el encauzamiento de al menos cuatro civiles, ejecutivos de la CMPC en 1973 y que habría cooperado con Carabineros en un hecho hoy calificado como violación de derechos humanos.

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