Opositores al proyecto Octopus exigen que se realice una consulta indígena debido a la presencia de comunidades en el área de influencia del proyecto. Ya preparan una demanda en caso de que la autoridad no acceda a efectuar este proceso contemplado en el convenio 169 de la OIT.
El Estudio de Impacto Ambiental del terminal marítimo Penco- Lirquén está en pleno desarrollo: ya se confeccionó el informe consolidado de observaciones a la iniciativa, y la empresa tiene plazo hasta el 15 de junio para presentar sus respuestas, mientras trabaja paralelamente en la Adenda de la central termoeléctrica a gas El Campesino de Bulnes.
Por estos días, los opositores al proyecto se han reunido con los titulares de la cartera de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental regional.
Una de sus mayores preocupaciones es que a estas alturas la institucionalidad ambiental no se haya pronunciado sobre la realización de una consulta indígena, que aseguran, en este caso, es obligatoria.
Leonidas Arancibia, presidente de la coordinadora intercomunal contra Octopus, cree que entre el SEA y la Conadi se han enredado en explicaciones, e indicó el motivo por el que procede realizar en este caso el proceso.
Alvaro Toro, abogado de los opositores al terminal gasífero y también de las comunidades contrarias a la termoeléctrica de Bulnes, ratificó que evalúan presentar acciones legales, pues hace dos meses hicieron ver al Servicio de Evaluación Ambiental que procedía la consulta indígena.
El proyecto consiste en la construcción y operación de un terminal marítimo tipo isla para recepcionar, almacenar y regasificar GNL, que tendrá capacidad para atracar dos naves, con una inversión contemplada de 165 millones de dólares.
