Para el 1 de junio fue fijado el juicio contra cinco estudiantes universitarios, todos acusados por la Fiscalía de Concepción de la fabricación y porte de bombas molotov.

La fecha fue fijada tras recibir el Tribunal Oral penquista la acusación en la que se solicitan penas de entre 3 y 5 años y 1 día de cárcel.

La investigación del Ministerio Público se inició el año 2013 con antecedentes entregados por la Agencia Nacional de Inteligencia a la PDI, que determinó finalmente la participación de los universitarios.

A los imputados se les responsabiliza del uso de artefactos incendiarios en protestas estudiantiles en la capital regional, y como pruebas la Fiscalía llevará una serie de antecedentes, entre ellos escuchas telefónicas en las que los acusados planificarían los desórdenes con bombas molotov.