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Protestas antimineras complican a Humala y a la economía en Perú

Ollanta Humala | ARCHIVO | David Cortes Serey | Agencia UNO
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Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales en Perú, intensificadas a un año de las elecciones generales, están complicando al presidente Ollanta Humala y, según empresarios, atemorizando a las inversiones en este sector clave para la economía del país.

Desde hace 18 días, pobladores de la provincia de Islay, en la región de Arequipa, mayoritariamente agrícola, mantienen un paro -y constantes enfrentamientos con la policía- contra el gigantesco y millonario proyecto cuprífero Tía María, valorado en 1.400 millones de dólares, pues consideran que afectará su agricultura y el medio ambiente.

A fines de marzo, la compañía estuvo a punto de abandonar el proyecto, pero el gobierno debió intervenir para evitarlo. Se trata de uno de los más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, principalmente por demandas medioambientales, según la Defensoría del Pueblo.

El presidente Humala ha explicado recientemente que la minera Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper y al frente de este proyecto, utilizará agua de plantas desalinizadoras y no de las cuencas del valle del Tambo, de la que se abastece la población, pero no ha aplacado los ánimos de los manifestantes.

“La preocupación por el cuidado del medio ambiente es legítima pero requiere un equilibrio. El cuidado extremo de la naturaleza significaría la paralización económica, que trae consecuencias graves. El gobierno tiene que dar un mensaje de equilibrio, que no ha hecho”, dijo a la AFP el ingeniero y exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

Además, a un año de las elecciones presidenciales “hay movimientos antimineros que usan preocupaciones legítimas de la población para beneficios políticos y actividad política”, agregó. Precisamente, uno de los líderes de esta protesta es un ex candidato al Consejo Regional de Arequipa.

También están en el radar las manifestaciones contra el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac (sureste), a cargo del consorcio MMG, con pobladores que exigen una compensación por el uso de sus tierras.

Frentes abiertos

Humala acaba de nombrar un nuevo primer ministro para su último año de gobierno, luego de que el Congreso le censuró al anterior en medio de un escándalo de espionaje a políticos, empresarios y miles de ciudadanos. El nuevo funcionario deberá buscar el voto de confianza en un Parlamento en donde el gobernante Partido Nacionalista ha perdido aliados y no tiene mayoría.

El escándalo de rastreo a políticos, además, sigue en investigación. Para el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, los servicios de inteligencia y el gobierno han enfocado sus esfuerzos en otros asuntos y no en evitar conflictos sociales.

Ya desde el 2009 la población se oponía al proyecto cuprífero Tía María y en 2011 murieron 3 personas durante una protesta contra esas obras, que se declararon inadmisibles. Pero, dos años después, un nuevo estudio de impacto ambiental lo reactivó, según recuerda el exviceministro de Medio Ambiente, José de Echave.

“La revisión de los principales acontecimientos en estos casi seis años de accidentada relación, muestra que el proyecto Tía María generó desde un inicio temores, oposición de la población y lo cierto es que en la actualidad sigue sin contar con lo que las propias empresas denominan como la necesaria licencia social para operar”, escribió de Echave en un artículo para su ONG CooperAcción.

En marzo, y tras un mes de negociación, nativos de la Amazonia peruana desocuparon pozos petroleros explotados por la argentina Pluspetrol, empresa a la que exigían compensaciones ambientales.

En febrero, Pluspetrol también debió, a pedido del gobierno, retirarse de la localidad de Pichanaki, región Junín (centro), luego que un manifestante murió en choques con la policía, durante una protesta contra la firma. En todos los casos, el gobierno reaccionó después del estallido del conflicto.

Temor en las inversiones

Perú, en el top ten de los productores mundiales de oro, ha visto crecer su economía un 2,35% en 2014, el menor ritmo en 5 años, con una contracción precisamente en la minería y también en la pesca, sus principales actividades productivas.

El presidente Humala admitió que las protestas “causan incertidumbre para las poblaciones que viven de la agricultura, pero si conversamos y llegamos a consensos se puede trabajar”. Un equipo ministerial intenta resolver la tensión de Tía María. Para el 2015 se espera una expansión económica en torno al 4%, pero el empresariado no es tan optimista.

“En circunstancias en que el Perú afronta una desaceleración de su economía, la violencia está provocando que se pierdan oportunidades de inversión para el desarrollo de proyectos mineros y energéticos”, dijo en un comunicado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú (SNMPE).

“Se requiere estabilidad jurídica y política, paz social, así como señales inequívocas de que nuestros gobernantes harán respetar la Constitución y el Estado de derecho”, agregaron.

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